El Presidente José Antonio Kast descartó este jueves la posibilidad de desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la delincuencia, asegurando que su administración no adoptará una medida que pueda poner en riesgo a conscriptos que posteriormente deban enfrentar consecuencias judiciales por el uso de la fuerza.
Las declaraciones fueron realizadas durante una nueva visita a la región de La Araucanía, donde encabezó la octava edición del programa “Presidente Presente” en el Centro Cultural de Lautaro. En ese contexto, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de recurrir a militares para reforzar las labores de seguridad pública.
Al responder, Kast recordó el caso de Carlos Robledo Olguín, conocido como el “conscripto de La Serena”, quien fue condenado por la muerte de un manifestante durante el estallido social, utilizando ese ejemplo para fundamentar su posición.
“¿Qué pasó con ese joven? Sigue preso. Y hoy día hay muchas personas que dicen: ‘No, queremos más fuerza militar en la calle’. ¿Y qué pasa si un conscripto dispara y mata a alguien? ¿Quién lo va a ir a defender? Porque las Fuerzas Armadas hoy día, su rol es la protección de la soberanía. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar todas las acciones para que la delincuencia tenga claro que cambió la mano”, afirmó.
El jefe de Estado sostuvo que, aunque la presencia de militares en las calles pueda contar con respaldo ciudadano, el Gobierno optará por actuar con cautela para evitar exponer a jóvenes que cumplen el servicio militar.
“No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados”, señaló.
En esa línea, explicó que antes de analizar un eventual despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior resulta indispensable avanzar en la aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y de otros proyectos legislativos relacionados con la materia.
Cabe señalar que el caso del denominado “conscripto de La Serena” es una de las situaciones que actualmente analiza el Ejecutivo para una eventual concesión de indulto presidencial.
