La cámara del Senado aprobó recientemente el proyecto de ley que incentiva la inclusión al mundo laboral de personas con discapacidad. La aprobación de este proyecto, modifica la ley 20.422 sobre Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas con discapacidad, para establecer reserva legal de empleos para personas con discapacidad.
En ese sentido, la medida se hará obligatoria para las empresas de 200 o más trabajadores, la misma aplicación se hará extensiva para los organismos públicos que cuenten con la misma cantidad de personas contratadas.
Este proyecto además incluye, la derogación gradual del artículo 16 de la Ley N°18.600, eliminando la posibilidad de que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad mental se pueda estipular una remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo.
Al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social Ana Sáez indicó que “una vez más, la Presidenta Michelle Bachelet está cumpliendo con su compromiso de inclusión social, donde como gobierno, incorporamos un foco de equidad y brindamos mayores oportunidades en el trabajo para personas con discapacidad.
Este proyecto, se complementa con el programa del Sence +Capaz, el cual tiene dentro de sus medidas, cursos enfocados en personas con capacidades diferentes.
Es así como la directora de servicio, Loreto Cerda dijo ante este proyecto que “el programa +Capaz, como medida presidencial, es inclusivo en todas sus líneas, abriendo espacios para todos. En el caso de la línea especializada, dirigida específicamente a personas en situación de discapacidad, ya hay más de 200 egresados desde que comenzó e ejecutarse el programa en Los Ríos, destacando que incorpora el componente de empleo con apoyo, que acompaña a los egresados en sus inicios laborales. Todo esto, junto al trabajo que realiza el Sence en cuanto a intermediación laboral y la Red de Empresas, viene a reforzar la labor realizada en relación a aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral”.
Por último la directora regional de Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) Javiera Flores dijo que “La aprobación de este proyecto de ley es fruto del trabajo que se está desarrollando en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social , el Ministerio de Desarrollo Social y el Senadis, esta ley nos permitirá asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad, esto mediante una inclusión laboral eficaz mediante esta reserva legal de empleo sea en el ámbito público y privado”.
A su vez destacó la importancia de este proyecto de ley para Los Ríos “Sin Duda es un paso importante para la inclusión de nuestro país, y de nuestra región, ya que el Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad en la Región de Los Ríos es de un 23,8% el cual supera el promedio país que es de un país 20%” concluyó.
“Como un tremendo avance en materia de inclusión laboral e igualdad de oportunidades”, calificó la ministra del Trabajo y Previsión Social, la aprobación en la Sala del Senado, del Proyecto de Ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y modifica la ley 20.422 para establecer reserva legal de empleos para personas con discapacidad.
La secretaria de Estado indicó que con la iniciativa legal “incorporamos a las políticas públicas un foco de equidad y abrimos un espacio de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad y reinserción laboral de personas con pensión de invalidez”.
El proyecto establece “una medida de acción positiva para la inclusión de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en el sector público y privado, mediante una cuota del 1% en relación al total de sus funcionarios o trabajadores”.
La medida se hará obligatoria en el caso de empresas de 200 o más trabajadores, que en el caso de Chile representan al 55,5% del total de las relaciones laborales.
La norma se hará extensiva a los organismos de la administración del Estado y municipalidades con 200 o más funcionarios, incluyendo el Congreso Nacional, los organismos de la administración de justicia y el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respecto de su personal civil, además del Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, y demás tribunales especiales creados por Ley.
La iniciativa legal, explicó la ministra, incluye la modificación del Estatuto Administrativo, para establecer de manera explícita la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad. . Junto a lo anterior, se modifica de la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, la cual se fija en 26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.
Incluye, además, la derogación gradual del artículo 16 de la Ley N°18.600, eliminando la posibilidad de que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad mental se pueda estipular una remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo.
En consideración al permanente cambio del mercado laboral y de la necesidad de adecuar el sistema de inclusión laboral se incorpora formalmente la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar conjuntamente su cumplimiento cada 4 años
