Nuevos antecedentes sobre las rebajas de condenas otorgadas durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast abrieron otro frente de cuestionamientos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta vez, las resoluciones alcanzan a personas condenadas por delitos de extrema gravedad, entre ellas dos internos del recinto penitenciario de Punta Peuco.
Según una investigación publicada este jueves 22 de octubre por la Unidad de Investigación de El Mostrador, la cartera encabezada por Fernando Rabat dictó otros tres decretos exentos de reducción de penas, además de los 56 casos relacionados con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes conocidos durante esta semana.
De acuerdo con el reportaje, dos de las nuevas resoluciones favorecieron a personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Til Til, conocido como Punta Peuco. Uno de los beneficiados cumple condena por secuestro calificado, mientras que el segundo fue sentenciado por tortura.
A estos antecedentes se sumaría un tercer condenado por un delito de extrema gravedad, quien no se encontraría recluido en dicho establecimiento. El reportaje no precisa su identidad ni el delito específico por el cual fue condenado.
La nueva revelación amplía la controversia iniciada tras una investigación de Interferencia, publicada el miércoles 21 de octubre, que estableció que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de reducción de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.
De ese total, 27 corresponden a condenas por abuso sexual y 29 por violación. Según los antecedentes obtenidos por ese medio mediante una solicitud de acceso a la información pública, durante el período examinado solamente una solicitud fue rechazada, mientras que las otras 56 fueron acogidas administrativamente.
Gobierno defiende las decisiones y aumentan los cuestionamientos
Frente a la controversia, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales, argumentando que las resoluciones se ajustaron a la jurisprudencia del máximo tribunal.
El secretario de Estado sostuvo que el ministerio buscó «recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo».
Sin embargo, la explicación ha generado cuestionamientos jurídicos, considerando que la Corte Suprema también ha rechazado solicitudes similares. De hecho, en marzo de 2026 desestimó un recurso de amparo presentado por una persona condenada por delitos sexuales contra menores de edad.
Las rebajas se encuentran reguladas por la Ley N° 19.856 y los decretos administrativos se dictan bajo la fórmula «por orden del Presidente de la República». No obstante, esto no significa necesariamente que el mandatario intervenga personalmente en cada resolución.
Desde La Moneda, en tanto, defendieron el procedimiento y calificaron de «malintencionada» la información sobre las reducciones de penas por delitos sexuales, argumentando que el Ejecutivo debe aplicar los beneficios cuando se cumplen los requisitos legales.
Por su parte, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expresó preocupación por las 56 rebajas vinculadas a delitos sexuales contra menores y solicitó explicaciones al Ministerio de Justicia sobre los fundamentos de estas decisiones, enfatizando las obligaciones estatales de protección y reparación de las víctimas.
En el ámbito político, los antecedentes mantienen al ministro Rabat bajo presión parlamentaria. Según informó El Mostrador, sectores de la oposición impulsan una eventual interpelación y evalúan la conformación de una comisión investigadora.
Asimismo, el Congreso tiene previstas dos sesiones especiales para el lunes 26 y martes 27 de octubre, en medio de la controversia por los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia para autorizar estas reducciones de condenas.
