El gobierno ha invocado en numerosas oportunidades como idea central el orden, y no cualquier orden, sino el orden portaliano. El ministro del Interior y luego el propio Presidente Kast recurrieron a esa fórmula con una soltura que debiera inquietarnos. Diego Portales, el gran organizador conservador del siglo XIX chileno, es una figura que la historiografía lleva décadas disputando y esa disputa no es menor. Pero en la mitología de la derecha dura funciona como sinónimo de una sola cosa: mano firme por sobre las garantías individuales, estabilidad por sobre los derechos, eficacia ejecutiva por sobre los contrapesos institucionales. Este es el temperamento del gobierno.
El caso de los niños haitianos merece ser examinado con cuidado, precisamente porque la urgencia emocional que genera es la misma que impide pensarlo bien. La imagen de menores desaparecidos es desgarradora, y ese desgarro es real e incontestable. Lo que resulta cuestionable es la velocidad con que el gobierno convirtió una situación de incertidumbre, que los organismos competentes estaban investigando, en una declaración política sobre la migración haitiana, sobre las redes de tráfico de personas, sobre la supuesta incapacidad de administraciones anteriores para controlar fronteras. Todo ello antes de que se confirmara que los niños efectivamente existían como fueron descritos, antes de que se estableciera si hubo delito, antes de que la institucionalidad hiciera su trabajo. El daño al colectivo haitiano, estigmatizado nuevamente como vector de criminalidad, es en cambio permanente e irreversible. Y desde Los Ríos, donde convivimos cotidianamente con comunidades migrantes que construyen vida con dignidad y trabajo, eso no es un dato abstracto: tiene rostros, nombres y vecinos concretos.
El fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Escuelas Protegidas revela, en paralelo, algo más profundo que una derrota legislativa. El TC declaró inconstitucional el mecanismo que permitía el ingreso policial a establecimientos educativos sin autorización judicial, vulnerando entre otras garantías la inviolabilidad del recinto escolar como espacio constitucionalmente protegido. La reacción del gobierno no fue aceptar ese límite como parte del funcionamiento normal de la institucionalidad democrática. Fue declarar que el objetivo sigue siendo el mismo, anunciar correcciones una vez conocidos los fundamentos, y dejar que su bancada parlamentaria anunciara de inmediato una reforma constitucional para reponer lo que el TC había tumbado. El mensaje implícito es el mismo: el fallo es un obstáculo, no un límite.
Aquí vuelve Portales. El orden portaliano no tiene paciencia con los contrapesos. Portales mismo escribió que las leyes no valen nada si no hay una mano fuerte que las haga cumplir, y esa mano fuerte siempre ha sido en su tradición el Ejecutivo, no los tribunales, no el Congreso. Cuando un gobierno democrático trata un fallo constitucional como un obstáculo político y no como un límite jurídico, está diciendo algo sobre cómo concibe su propio poder, está diciendo que los límites le resultan incómodos.
Lo que conecta ambos episodios no es la casualidad noticiosa sino la política: la emergencia como modo de gobierno. La emergencia suspende el procedimiento. La emergencia justifica la excepción. La emergencia convierte al Ejecutivo en el único actor legítimo para tomar decisiones, porque los demás poderes, el Congreso que delibera, el TC que controla, la prensa que pregunta, son demasiado lentos para la urgencia del momento.
El problema es que cuando la excepción se vuelve permanente, deja de ser excepción. Se convierte en sistema. Y el sistema que resulta de acumular excepciones no es el orden que Portales construyó: es algo más parecido al autoritarismo cotidiano, ese que no necesita golpe de Estado porque va erosionando las instituciones de a poco, resolución por resolución, declaración por declaración, fallo ignorado por fallo ignorado. En este país ese camino tiene dirección conocida y lo que hay al final de ese camino, la suspensión de garantías, la tutela del Ejecutivo sobre los demás poderes, el silencio de las instituciones, es lo que nadie debiera querer volver a ver.
