Un total de 22 propuestas para abordar la crisis del empleo presentó la comisión técnica convocada por el Ministerio del Trabajo y presidida por el economista David Bravo. El informe fue elaborado en medio de un escenario marcado por 40 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%, un 9,1% en la última medición y la pérdida de cerca de 70 mil empleos formales desde 2022.
Entre las recomendaciones más relevantes figura un cambio al mecanismo de cálculo de la jornada laboral de 40 horas. La instancia propone ampliar el período sobre el cual se promedian las horas trabajadas, pasando de las actuales cuatro semanas a un plazo de 15 semanas, equivalente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o incluso a un año.
En la práctica, la propuesta permitiría concentrar una mayor carga laboral en períodos de alta demanda, habilitando semanas de hasta 52 horas —considerando jornada ordinaria y extraordinaria—, las que posteriormente serían compensadas con jornadas más reducidas.
Según el informe, el sistema vigente sitúa a Chile entre los países más restrictivos de la OCDE en materia de adaptabilidad laboral, especialmente para sectores estacionales como la agricultura y el turismo, dificultando la capacidad de las empresas para responder a variaciones en la demanda.
Otra de las recomendaciones apunta a modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio, vigente desde 1937. La propuesta plantea reemplazarlo gradualmente por una indemnización a todo evento, financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía.
El mecanismo comenzaría aplicándose a los nuevos contratos de trabajo, aunque también permitiría la incorporación voluntaria de trabajadores con contratos vigentes, previo acuerdo entre las partes.
El documento además propone ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa, incorporando de manera explícita situaciones como bajas sostenidas en las ventas, procesos de reorganización interna y la denominada “falta de adecuación del trabajador”, criterio que ha sido limitado por la jurisprudencia en los últimos años.
Entre las restantes medidas, la comisión sugiere modificar el Código del Trabajo para que empleadores y trabajadores puedan pactar múltiples funciones sin la exigencia de que correspondan a una misma naturaleza de servicios. Asimismo, recomienda crear un mecanismo permanente para reducir temporalmente la jornada durante períodos de crisis económicas, financiando parte de la disminución de ingresos mediante el Seguro de Cesantía y restringiendo, mientras dure el acuerdo, los despidos por necesidades de la empresa.
Las recomendaciones no tienen carácter vinculante y será el Ejecutivo el que determine cuáles de ellas se transformarán en iniciativas legales.
En ese contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que “próximamente” presentará un proyecto para modificar el cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el período sobre el cual se promedian las horas trabajadas.
La autoridad también confirmó que el Gobierno impulsará el proyecto de contratos por hora, ingresado al Congreso en 2018, con el objetivo de formalizar empleos en actividades con demanda variable, particularmente en sectores como el gastronómico.
Frente a las críticas por una eventual precarización del empleo, Rau sostuvo que el desafío será establecer una regulación adecuada que permita implementar estos cambios sin afectar las condiciones laborales de los trabajadores.
