La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el subsidio eléctrico destinado a las familias más vulnerables llegará a su fin y no será extendido, despejando así las dudas que existían en el sector respecto de la continuidad de este beneficio.
En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado abordó directamente la posibilidad de prolongar la medida y fue categórica al señalar que “no, porque eso se termina de pagar ahora. Se termina ahora, el subsidio termina ahora”. En esa línea, explicó que la prioridad del Ejecutivo está en resolver otros componentes del sistema eléctrico, particularmente la deuda de las empresas distribuidoras.
“La última cuota del subsidio de la otra deuda termina ahora. Y ese plazo se va a ampliar”, indicó inicialmente, precisando luego que el foco del Gobierno está en evaluar “qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distributoras”. Además, recalcó que “en los caminos de solución, obviamente, ese tema está encima de la mesa, pero no está el tema del subsidio”.
Actualmente, más de 2 millones de hogares reciben este apoyo estatal, que permite reducir de manera directa el monto de sus cuentas de electricidad. Su eliminación, advierten actores del sector, tendrá un impacto inmediato en el gasto mensual de las familias.
De acuerdo con estimaciones, el término del subsidio podría traducirse en aumentos de entre un 20% y un 30% en las boletas eléctricas, dependiendo del consumo. En términos concretos, una cuenta que hoy bordea los $17 mil —con subsidio aplicado— podría subir significativamente al acercarse a su valor real.
El escenario se complejiza aún más considerando las presiones adicionales al alza derivadas del ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de la tarifa que estuvo congelado por años y que comienza a normalizarse. Si bien el Gobierno aún no define cuándo se aplicará plenamente este ajuste, su efecto ya se anticipa como un factor relevante en el incremento de las tarifas.
Desde el Congreso, la decisión ha generado inquietud. La senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que “subsisten varios riesgos” de nuevas alzas en el corto plazo, vinculados tanto al VAD como a otros ajustes regulatorios pendientes. En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar alternativas: “Tenemos fórmulas técnicas como también darle continuidad al subsidio (…) pero se requiere voluntad política del Gobierno”.
De esta forma, se instala un contraste entre la estrategia del Ejecutivo —orientada a resolver estructuralmente la deuda del sistema eléctrico— y las presiones desde el ámbito político para mantener mecanismos de protección que mitiguen el impacto en los hogares más vulnerables.
