Una investigación dada a conocer por Mega expuso que el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a más de 30 altos funcionarios públicos, figura como deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), un sistema de financiamiento estatal dirigido a estudiantes de universidades del Consejo de Rectores.
El reportaje surge en medio del inicio del proceso de recaudación por parte de la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos superiores a los $5 millones mensuales. En ese contexto, se reveló que de un total de 342 mil deudores, cerca de 17 mil corresponden a funcionarios públicos.
A partir de datos del último informe del Consejo de Rectores, el medio identificó que al menos 33 funcionarios pertenecientes a la Contraloría, el Congreso y el Ministerio Público mantienen deudas con el Fondo Solidario, pese a registrar remuneraciones superiores a los $10 millones mensuales. En conjunto, estos casos acumulan más de $380 millones en morosidades.
El desglose muestra que tres funcionarios perciben sueldos entre $12 y $13 millones; nueve se ubican en el tramo entre $11 y $12 millones; y otros 21 reciben ingresos entre $10 y $11 millones. Asimismo, dentro del universo de deudores con rentas sobre los $5 millones, se contabilizan al menos mil funcionarios públicos.
En el caso específico del fiscal nacional, el informe indica que mantenía una deuda de 218 UTM, equivalente a más de $15 millones. Según el mismo reporte, tras ser consultada la Fiscalía, se informó que Valencia regularizó su situación con la Universidad de Chile, deuda que se originaría en sus años de estudio de Derecho en 1996.
El Fondo Solidario, a diferencia del CAE, establece condiciones de pago diferenciadas. Los egresados pueden destinar hasta el 5% de sus ingresos anuales al pago de la deuda, y, dependiendo del monto, esta puede extinguirse en un plazo de entre 12 y 15 años, siempre que se cumpla con la obligación de declarar ingresos de forma anual.
La revelación abre cuestionamientos respecto del cumplimiento de obligaciones financieras por parte de altos funcionarios del Estado, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo ha comenzado a reforzar los mecanismos de cobro a deudores con mayor capacidad de pago.
