6 de cada 10 productores frutícolas han sido víctimas de robos de sus predios durante el último año. El robo de alimentos a gran escala significa pérdidas superiores a los 55 millones de dólares a nivel nacional.
El diputado Gastón von Mühlenbrock ingresó recientemente un proyecto de ley que tipifica el robo de productos hortofrutícolas, tales como paltas, limones, nueces o naranjas, en el Código Penal. La iniciativa reconoce este tipo de hecho delictivo, el cual no tiene un tratamiento sistemático en el Código Penal, ni tampoco sanciones en consideración a sus propias características.
De acuerdo al legislador, la delincuencia rural “ha experimentado un alza importante, con un aumento en los robos y el uso de la violencia, donde hemos visto asaltos a camiones, cargados con frutas de exportación”.
En ese sentido, von Mühlenbrock indicó que “seis de cada diez productores frutícolas han sido víctimas de robos en sus predios durante el último año y, lamentablemente, el 90% de ellos no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte de Carabineros o del Ministerio Público, con respecto a estos hechos delictivos”.
“La investigación de los delitos de este tipo y su persecución es complejo, considerando las grandes dimensiones de los predios en donde los robos ocurren y que habitualmente se efectúan en horario nocturno, lo que dificulta la detención por flagrancia y la obtención de pruebas incriminatorias”, agregó el diputado de la región de Los Ríos.
Von Mühlenbrock subrayó que en la actualidad “el robo de productos hortofrutícolas afecta principalmente a los pequeños y medianos productores y la legislación vigente encuadra estos hechos dentro del delito contra la propiedad. El objetivo del proyecto es establecer una regulación penal especial que permita reconocer el robo de productos hortofrutícolas como hecho típico independiente y aplicar así una escala de penas acorde a la criminalidad que revisten estos actos”.
Finalmente, el legislador señaló que “por desgracia, los pequeños y medianos productores se han debido adaptar a esta realidad, donde bandas organizadas irrumpen en los predios o asaltan camiones, que significan pérdidas que superan los 55 millones de dólares al país, sin considerar el daño económico y psicológico que significa para miles de productores y sus familias, que viven del sustento que les entrega sus tierras”.
