El Gobierno del presidente José Antonio Kast fijó una posición explícita sobre el aborto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al sostener que no constituye un derecho reconocido internacionalmente y que su definición jurídica depende de la legislación de cada Estado.
La declaración fue realizada por Fernando Cabezas, ministro consejero y representante permanente adjunto de Chile ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, durante la 43.ª reunión del 63.º período de sesiones del Consejo, según informó The Clinic.
La intervención se produjo después de la votación de la resolución A/HRC/63/L.34, relacionada con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Aunque el documento abordaba principalmente el acceso a estos servicios básicos, también incluía referencias a la salud menstrual y los derechos sexuales y reproductivos.
En ese contexto, el diplomático chileno solicitó que la posición del Ejecutivo quedara expresamente registrada en las actas de la sesión.
“En este contexto, entendemos que, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido, toda vez que su delimitación y definición jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado”, afirmó Cabezas.
Previamente, el representante de Chile había manifestado la posición del Gobierno respecto de la protección de la vida, vinculándola con las disposiciones legales nacionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Asimismo, deseamos dejar constancia, y solicitamos a la Secretaría que esta declaración quede reflejada en las actas de la presente sesión, de que el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo.
Durante su intervención, Cabezas también reafirmó el compromiso de Chile con el acceso al agua potable y al saneamiento, reconociendo su vinculación con la salud y la higiene menstrual de mujeres y niñas.
Sin embargo, cuestionó la incorporación de contenidos que, a juicio del Ejecutivo, se apartaban del objetivo principal de la resolución.
“También consideramos que mantener un lenguaje estrictamente vinculado al tema de la resolución facilitaría el consenso y favorecería la comprensión de cada asunto”, señaló el representante chileno.
La resolución sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento fue finalmente aprobada sin votación, de acuerdo con el registro oficial de Naciones Unidas.
La posición expuesta por Chile contrasta con los planteamientos de organismos y representantes de Naciones Unidas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
En abril de 2025, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, presentó un informe sobre Chile en el que identificó obstáculos legales y prácticos para acceder al aborto y recomendó avanzar hacia una legislación que garantizara un acceso seguro y legal a esta prestación.
La declaración también marca una diferencia de enfoque con la administración del expresidente Gabriel Boric, que promovió los derechos sexuales y reproductivos como parte de su agenda de derechos humanos y política exterior feminista.
En marzo de 2025, por ejemplo, la entonces ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió ante una instancia de Naciones Unidas la necesidad de continuar el debate sobre estas materias, destacando las brechas pendientes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
De esta manera, la intervención de Fernando Cabezas hizo explícita ante Naciones Unidas la interpretación del actual Gobierno sobre el aborto y su reconocimiento en el derecho internacional, en un ámbito donde persisten diferencias entre las posiciones de los Estados y los planteamientos de mecanismos internacionales de derechos humanos.
