Una condena a presidio perpetuo dictó la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, contra el teniente coronel en retiro del Ejército Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, por su responsabilidad como autor de 17 homicidios calificados cometidos durante la dictadura militar en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono, Región de Los Ríos.
La resolución, informada oficialmente por el Poder Judicial el 12 de noviembre, establece además el ingreso del condenado a prisión preventiva, pese a que el fallo corresponde a una sentencia de primera instancia. La magistrada fundamentó esta medida en la gravedad de los delitos, la extensión de la pena impuesta y el eventual riesgo de que el condenado se sustraiga de la acción de la justicia.
Según los antecedentes acreditados judicialmente, el 9 de octubre de 1973 una comitiva integrada por aproximadamente 90 efectivos de los regimientos Cazadores y Maturana, ambos con guarnición en Valdivia, desarrolló un operativo de detención de campesinos y trabajadores forestales en Futrono y sectores rurales como Curriñe y Chabranco.
Las víctimas, vinculadas principalmente al Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, fueron trasladadas hasta las Termas de Chihuío, donde permanecieron amarradas con alambres en dependencias de una casa patronal.
Durante esa misma noche, los detenidos fueron conducidos hasta un sector boscoso ubicado a aproximadamente 500 metros del inmueble, donde efectivos militares los ejecutaron mediante disparos de fusilería, sin que existiera procedimiento judicial alguno que justificara las detenciones y ejecuciones.
Entre las víctimas se encontraba Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años, quien fue detenido luego de intentar conocer el paradero de su padre, Sebastián Mora Osses, también asesinado durante el operativo.
La investigación judicial estableció que los cuerpos permanecieron inicialmente abandonados en el lugar y posteriormente fueron enterrados clandestinamente en tres fosas comunes. Tiempo después, los restos fueron removidos por orden militar, en un intento por ocultar las evidencias de los crímenes.
Las diligencias posteriores permitieron recuperar fragmentos óseos, vestimentas y objetos personales, aunque la investigación estableció que no ha sido posible determinar el destino de los restos retirados clandestinamente.
Con esta resolución, la justicia impuso la máxima pena de presidio perpetuo al exoficial por su participación en uno de los episodios de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la actual Región de Los Ríos durante los primeros meses de la dictadura militar. La sentencia todavía puede ser revisada mediante los recursos judiciales correspondientes.
