Una nueva controversia sobre el uso de recursos públicos abrió la discusión en el Congreso Nacional: ¿debe el Estado continuar financiando los gastos de funcionamiento, oficinas, personal y traslados de quienes dejaron la Presidencia de la República?
El debate volvió a instalarse durante la discusión del Presupuesto 2027, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara eliminar las asignaciones destinadas a cubrir los gastos operacionales de los expresidentes. La propuesta, impulsada por el diputado Javier Olivares (PDG), obtuvo 75 votos a favor, 54 en contra y siete abstenciones.
La iniciativa busca que los exmandatarios financien con recursos propios sus oficinas y equipos de trabajo, sin que esto implique eliminar la dieta vitalicia que reciben por mandato constitucional.
Las cifras ayudan a dimensionar la discusión. De acuerdo con los registros de transparencia del Senado, entre marzo y octubre de 2026 el Estado desembolsó $575.760.246 en pagos asociados a los cuatro expresidentes vivos: Gabriel Boric, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.
De ese monto, $260 millones correspondieron a dietas, $268 millones al funcionamiento de oficinas y otros $47,6 millones a gastos de traslación. Esto significa que los gastos operacionales de oficina y transporte representaron más de la mitad de los recursos registrados durante ese período.
En términos presupuestarios, la discusión también tiene una dimensión relevante: para 2027 se contemplaban inicialmente $915.745.000 destinados a estos beneficios, cifra que, según el diputado Olivares, podría reducirse a $406.900.000 si se mantienen únicamente los recursos correspondientes a las dietas. Su propuesta apunta a un recorte superior a los $508 millones.
“Me parece una discusión sin fundamentos, ya que en todo país serio, el servicio republicano de un ex presidente debe financiarse por la comunidad”, plantea Álvaro Fuentealba, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba.
Un beneficio que divide posiciones
La discusión no es nueva. Desde la reforma constitucional de 2000, que puso fin a la figura de los senadores vitalicios, los expresidentes cuentan con un estatuto especial que contempla una dieta equivalente a la remuneración de un parlamentario, además de recursos para traslación y funcionamiento de oficinas.
Sin embargo, las críticas han aumentado en torno a la pertinencia de mantener estos beneficios de manera permanente, especialmente considerando que los exmandatarios pueden desarrollar actividades profesionales, académicas o laborales una vez terminado su período presidencial.
Uno de los principales argumentos de quienes buscan eliminar las asignaciones adicionales es que no existiría una justificación suficiente para que el Estado financie oficinas, asesores y traslados de autoridades que ya dejaron sus funciones. El diputado Javier Olivares defendió esta postura durante la discusión presupuestaria, señalando que los expresidentes deben asumir con sus propios recursos los costos de mantener sus estructuras de trabajo.
En la vereda contraria, la diputada Daniela Serrano (PC) cuestionó la iniciativa y sostuvo que existe un cuestionamiento político hacia las figuras de Michelle Bachelet y Gabriel Boric. A su juicio, resulta desleal poner en discusión estos recursos sin que se haya planteado el mismo cuestionamiento durante el período del expresidente Sebastián Piñera.
Para Fuentealba, el debate exige distinguir entre el reconocimiento institucional a quienes han ejercido la Presidencia y la naturaleza de los beneficios económicos que reciben después de dejar el cargo.
«La discusión realizada en el momento en que se establecieron estas asignaciones dice relación con el arreglo institucional que permitió democratizar la Constitución, en 2005, que eliminó la institución de los senadores vitalicios, que era el estatus de los ex Presidentes de las República. Desconocer esos acuerdos de largo plazo, sería desconocer el arreglo institucional. Por otro lado, es indiscutible el aporte que los ex Presidentes hacen al debate público y esa contribución debe tener financiamiento del Estado”, sostiene el académico.
¿Se debe mantener la dieta vitalicia?
Aunque la votación reciente se concentró en los gastos operacionales, el debate de fondo también alcanza a la dieta vitalicia. Actualmente, los expresidentes reciben una remuneración mensual que, según los registros del Senado, alcanzaba los $8.239.091 en octubre de 2026.
La discusión se ha intensificado especialmente desde que Gabriel Boric dejó la Presidencia a los 40 años, abriendo interrogantes sobre la pertinencia de mantener un beneficio de carácter vitalicio para autoridades que todavía se encuentran en plena edad laboral.
De hecho, existen iniciativas parlamentarias que han planteado eliminar completamente esta remuneración o establecer requisitos de edad para acceder a ella. Una de estas propuestas busca derogar la dieta que reciben los expresidentes, aunque se trata de una discusión distinta de la eliminación de las asignaciones operativas aprobada recientemente en la Cámara.
«Mantener esa dieta y los gastos necesarios para el funcionamiento de una oficina, que no son en ningún caso extraordinarios, es un imperativo democrático que asegura la transparencia en los ingresos de quienes, de suyo pueden influir en forma determinante en la política nacional e internacional», explica Fuentealba.
El académico agrega que esta discusión también tiene una dimensión relacionada con la confianza ciudadana en las instituciones.
«Es básico para el orden institucional de la República, en un país serio», concluye.
La discusión sobre los recursos destinados a los expresidentes continuará en el marco de la tramitación del Presupuesto 2027, mientras permanece abierta una pregunta de fondo: hasta dónde debe llegar el reconocimiento económico del Estado a quienes han ejercido la máxima autoridad del país.
