Antes de llegar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis construyó una extensa carrera profesional como abogado litigante, académico y socio de uno de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Sin embargo, entre los antecedentes de su trayectoria destaca un capítulo que lo vincula directamente con la historia política y judicial de Chile: su participación en la defensa del dictador Augusto Pinochet, particularmente en el caso Riggs, la investigación que dejó al descubierto cuentas bancarias secretas y el desvío de recursos públicos hacia el patrimonio del excomandante en jefe del Ejército.
Hoy, a sus 53 años, Rabat encabeza una de las carteras más sensibles del Estado y enfrenta una de las principales crisis del gobierno del presidente José Antonio Kast. Su permanencia en el cargo ha generado cuestionamientos políticos, mientras la Fiscalía investiga una denuncia por presunta prevaricación administrativa relacionada con la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Pero ¿quién es Fernando Rabat y cuál es la trayectoria que lo llevó desde la defensa judicial de Pinochet hasta el gabinete presidencial?
Su formación y el vínculo con Pablo Rodríguez Grez
Fernando José Rabat Celis estudió en el Colegio del Verbo Divino y posteriormente ingresó a Derecho en la Universidad de los Andes, donde destacó por su rendimiento académico. Obtuvo su título de abogado en mayo de 1997 y desarrolló una carrera centrada en el derecho civil, la litigación y los arbitrajes.
En 1993, cuando todavía era estudiante universitario, comenzó a trabajar como procurador en el estudio Rodríguez, Vergara y Compañía. Con el paso de los años se convirtió en socio de la firma, fundada por Pablo Rodríguez Grez, uno de los abogados más conocidos de la derecha chilena y fundador del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, que se opuso al gobierno de Salvador Allende.
Rodríguez Grez, fallecido en diciembre de 2025, fue además uno de los principales defensores judiciales de Augusto Pinochet. En esa oficina, Rabat compartió funciones con el abogado Pedro Pablo Vergara Varas, quien llegó a presidir el Colegio de Abogados de Chile.
Su vinculación con Rodríguez fue principalmente profesional y se extendió durante décadas. Desde ese entorno participó en litigios de alta complejidad y en los equipos encargados de representar judicialmente a Pinochet y su familia.
El caso Riggs: la defensa judicial de Pinochet
Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria ocurrió durante el caso Riggs, investigación iniciada en Chile en julio de 2004, luego de que una indagatoria del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas bancarias secretas vinculadas a Augusto Pinochet.
Las pesquisas estadounidenses identificaron una compleja red de al menos 125 cuentas bancarias y de inversión utilizadas por Pinochet y sus colaboradores, algunas abiertas mediante sociedades y nombres que ocultaban la identidad de sus beneficiarios.
En Chile, la investigación quedó inicialmente a cargo del ministro de fuero Sergio Muñoz y posteriormente del juez Carlos Cerda. El proceso abordó, entre otros hechos, delitos tributarios, falsificación de documentos y el origen de recursos que habían sido desviados hacia el patrimonio del exdictador.
Fue precisamente en ese escenario donde Rabat participó como integrante del equipo de defensa.
Un antecedente contemporáneo resulta especialmente revelador. El 23 de noviembre de 2005, cuando el juez Carlos Cerda sometió a proceso a Pinochet por diversos delitos relacionados con el caso Riggs, una crónica publicada por Emol identificó expresamente a Fernando Rabat entre los abogados de la defensa que se encontraban en la residencia del exgobernante al momento de notificarse la resolución.
Su participación tampoco terminó con la muerte de Pinochet, ocurrida el 10 de diciembre de 2006.
En junio de 2018, Rabat compareció ante la Corte Suprema representando a Lucía Hiriart, viuda del exdictador, en la disputa judicial por el decomiso de dineros y propiedades que habían sido incautados durante la investigación.
De acuerdo con un reportaje publicado entonces por La Tercera, el abogado sostuvo que no correspondía aplicar el decomiso sobre determinados bienes, argumentando que Pinochet había sido sobreseído por fallecimiento antes de que concluyera el proceso penal en su contra.
Durante su alegato expresó que «quien ha sido sobreseído en la etapa de sumario no puede ser castigado con una pena».
La controversia enfrentó a la representación de la familia Pinochet con el Consejo de Defensa del Estado, que buscaba recuperar recursos fiscales.
Finalmente, en agosto de 2018, la Corte Suprema acogió un recurso del Consejo de Defensa del Estado y ordenó el comiso de bienes hasta por un monto equivalente a US$1.621.554,46, según informó oficialmente ese organismo.
La actuación de Rabat en estas diligencias constituye un antecedente documentado de su participación directa en la defensa de los intereses judiciales y patrimoniales de Pinochet y su familia.
También participó en la defensa de Pinochet por la Operación Colombo
La vinculación del actual ministro con las causas relacionadas con la dictadura no se limitó al caso Riggs.
Rabat también integró los equipos jurídicos que representaron a Pinochet en la denominada Operación Colombo, montaje desarrollado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores a la dictadura.
Su intervención fue confirmada públicamente en abril de 2026 por Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos y exdirectora de una de las áreas del Plan Nacional de Búsqueda, quien recordó haber sido contraparte jurídica de Rabat durante la tramitación de esa causa.
Garcés reconoció que toda persona tiene derecho a defensa, pero cuestionó el significado político y simbólico de que un antiguo abogado de Pinochet quedara a cargo de una institución responsable de las políticas estatales de derechos humanos.
Su nombramiento, anunciado en enero de 2026, ya había provocado el rechazo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que expresaron preocupación por la orientación que podría adoptar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sus redes en el mundo jurídico, empresarial y político
La trayectoria de Fernando Rabat también está estrechamente relacionada con el mundo empresarial.
Como integrante de Rodríguez, Vergara y Compañía, participó en litigios asociados al denominado caso Chispas, relacionado con la venta del control de Enersis a Endesa España.
Posteriormente asumió, junto a su estudio, la defensa de la auditora PwC en controversias judiciales derivadas del caso La Polar. También intervino en disputas comerciales vinculadas a GasAtacama, Crystal Lagoons y empresas del sector alimentario.
Según una investigación publicada por Pulso de La Tercera en marzo de 2026, Rabat renunció a cerca de 80 patrocinios y poderes judiciales antes de asumir sus responsabilidades ministeriales. Su desvinculación de esos procesos significó que otros abogados de la firma continuaran la tramitación de las causas.
En el plano académico, ha desarrollado una prolongada trayectoria como profesor de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo, institución a la que se incorporó en 2001.
También mantiene vínculos familiares con el mundo universitario. Está casado con María Cecilia Claro Montes, vicedecana académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes. Reportajes de El Mostrador han consignado, además, relaciones de parentesco de su familia política con el entorno del fallecido empresario Ricardo Claro, aunque no existen antecedentes que permitan atribuir a ese vínculo una intervención en su nombramiento ministerial.
Su experiencia en el aparato público comenzó antes de llegar al gabinete de Kast. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, integró el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, tras una designación realizada durante la gestión del entonces ministro de Justicia Hernán Larraín.
Su llegada al gobierno y la confianza de José Antonio Kast
Aunque Rabat no milita en un partido político, su trayectoria profesional lo había vinculado durante años con figuras influyentes del mundo jurídico conservador.
Según una investigación de Ex-Ante, difundida por T13 el 29 de octubre de 2026, Rabat no conocía personalmente a José Antonio Kast antes de su incorporación al futuro gabinete.
El primer acercamiento se produjo en enero, cuando el entonces presidente electo lo invitó a almorzar a su domicilio para ofrecerle el Ministerio de Justicia.
Desde su llegada al gobierno, el abogado habría construido una relación de confianza directa con el mandatario, convirtiéndose en un interlocutor habitual en materias legales y legislativas.
El mismo reportaje señala que su influencia se extendió más allá de su cartera, mediante asesorías a otros ministerios y su participación en instancias de coordinación relacionadas con la seguridad pública.
En su gabinete incorporó a Paula Bagioli como jefa de gabinete, mientras la conducción de la Subsecretaría de Justicia estuvo inicialmente en manos de Luis Silva, exconsejero constitucional del Partido Republicano, quien dejó el cargo a fines de octubre en medio de la controversia por las rebajas de condenas.
De defensor de Pinochet a ministro investigado por la Fiscalía
La trayectoria de Rabat volvió al centro del debate político después de conocerse que el Ministerio de Justicia había otorgado reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La situación generó cuestionamientos desde la oposición y sectores del propio oficialismo. El ministro ha defendido la legalidad de las decisiones, señalando que las actuaciones administrativas se sustentaron en la legislación vigente y en criterios establecidos por la Corte Suprema.
Sin embargo, la controversia derivó en una investigación penal.
El 2 de noviembre de 2026, la Fiscalía Nacional confirmó que Fernando Rabat tiene la calidad de imputado en una causa por presunta prevaricación administrativa, iniciada a partir de una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, bajo la dirección del fiscal Francisco Jacir.
Rabat aseguró que colaborará con las diligencias y sostuvo que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos. Su calidad de imputado no significa que exista una condena ni que se haya acreditado responsabilidad penal.
En paralelo, la Contraloría General de la República inició una fiscalización de los decretos cuestionados y la oposición avanzó en la preparación de una acusación constitucional.
Pese a los cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al secretario de Estado.
La trayectoria de Fernando Rabat reúne así dos etapas especialmente sensibles para la historia judicial chilena: primero, su participación en la defensa de Augusto Pinochet y su familia en investigaciones sobre derechos humanos y patrimonio fiscal; y ahora, su responsabilidad en la conducción del Ministerio de Justicia, mientras enfrenta una investigación penal sobre decisiones adoptadas durante su propia administración.
