El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la noche de este jueves 22 de octubre la controversia por las rebajas de penas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, reconociendo que la mayoría de los beneficiados probablemente ya se encuentra en libertad.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en Meganoticias Prime, donde el secretario de Estado fue interrogado por los periodistas Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga sobre las consecuencias de las decisiones administrativas adoptadas por su cartera.
Al ser consultado por cuántos de los 56 condenados habían recuperado su libertad gracias a las reducciones de penas, Rabat respondió: «La gran mayoría tiene que haber salido».
Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si estas personas se encontraban actualmente en libertad, el ministro respondió afirmativamente y explicó que el beneficio puede producir consecuencias inmediatas en el cumplimiento de las condenas.
Según detalló, cuando las comisiones encargadas de evaluar a los internos califican su comportamiento como sobresaliente, se genera una reducción del tiempo de condena que, dependiendo de las circunstancias, puede significar que el beneficiado abandone el recinto penitenciario.
Sin embargo, durante la entrevista no se entregó una cifra oficial que permitiera establecer cuántos de los 56 condenados habían salido efectivamente de prisión.
Investigación reveló 56 rebajas de condenas
La controversia se originó tras una investigación publicada el miércoles 21 de octubre por el medio Interferencia, que estableció que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
De acuerdo con los antecedentes obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública, 27 decretos correspondieron a condenas por abuso sexual de menores y otros 29 por violación. Durante ese mismo período, solamente una solicitud fue rechazada.
El reportaje también estableció que los beneficios fueron concedidos administrativamente por el Ministerio de Justicia, sin que existieran recursos judiciales individuales que ordenaran otorgar las 56 rebajas.
Rabat defiende las decisiones y desvincula al Presidente Kast
Durante la entrevista en Mega, el ministro defendió las resoluciones de su cartera, argumentando que se actuó conforme a la legislación vigente y a criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema.
La discusión jurídica se relaciona con una modificación legal de febrero de 2022, que excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad. El Gobierno sostiene que dicha restricción no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, la interpretación del Ejecutivo ha sido cuestionada, especialmente porque las rebajas se concedieron directamente por vía administrativa, sin que existiera una orden judicial específica para cada beneficiado.
Rabat también aseguró que el Presidente José Antonio Kast no tenía conocimiento previo de las decisiones, señalando que estas corresponden a facultades delegadas en el ministro de Justicia.
Finalmente, el secretario de Estado anunció que el Gobierno impulsará una modificación legal, con suma urgencia, destinada a impedir que condenados por delitos graves puedan acceder a este tipo de reducciones de penas mediante la aplicación de normas anteriores.
La controversia mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad administrativa en el otorgamiento de estos beneficios y la necesidad de establecer cuántos de los condenados favorecidos han recuperado efectivamente su libertad.
