Hay un dato que en Los Ríos debería preocuparnos más que cualquier cifra nacional. En el primer semestre, los casos policiales por violencia intrafamiliar crecieron 12,1% en la región. Es el mayor aumento del país y nuestra tasa es hoy la tercera más alta de Chile. Sin embargo, los programas de atención y prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer, la principal respuesta especializada del Estado en esta materia, quedan prácticamente congelados para 2027.
Mientras tanto, la vigilancia crece solo en el papel. La Subsecretaría de Prevención del Delito incorpora un sistema de teleprotección con inteligencia artificial que integra cámaras públicas, municipales y eventualmente particulares. Suma además una red de televigilancia móvil en doce regiones, sin decir cuáles. En Los Ríos los drones de seguridad están en tierra desde el 1 de febrero por un traspaso de fondos que nunca llegó, la delegada presidencial prometió que volverían con el presupuesto de 2027, pero el proyecto no permite saber si esa promesa se cumplirá.
Hay otro asunto que ha pasado inadvertido y está en la letra chica. El proyecto de 2026 traía en las disposiciones generales del Ministerio de Seguridad Pública, obligaciones de informar periódicamente al Congreso. Se informaban el estado de las querellas por narcotráfico y crimen organizado, los casos de robo de madera y de usurpación, el parque de vehículos policiales por comuna y la compra de drones, cámaras inteligentes y lectores de patentes. En el proyecto de 2027 esas glosas generales terminan en la quinta y ninguna contiene esos informes. El robo de madera, un delito que conocen bien las comunas forestales de la región, se seguirá persiguiendo, pero el Congreso dejará de recibir información sobre él.
En las cárceles aparece una contradicción similar. En junio el presidente dijo que “una cárcel que solo encierra y no se ocupa de la rehabilitación, termina devolviendo a la calle a delincuentes más peligrosos que cuando entraron”. Su proyecto aumenta en 18% la operación de las cárceles tradicionales y deja los programas de rehabilitación y reinserción con 596 millones de pesos menos que el 2026. No esperábamos un giro en la forma en que históricamente se ha tratado el funcionamiento de las cárceles en Chile, pero si la rehabilitación pierde recursos, ¿cómo se materializa el objetivo que el propio presidente ha planteado?
Además, esta semana el Congreso despachó el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza y debemos reconocer que es un avance que la necesidad y la gradualidad pasen de un protocolo interno a una ley. Pero el texto final dispone que el funcionario que cumpla esas reglas quedará amparado por la eximente de cumplimiento del deber. Dicha protección se suma a la presunción de legítima defensa de la ley Naín-Retamal y a la propuesta de extenderla a policías de franco. Estas normas juntas hacen muy difícil perseguir y juzgar cualquier exceso en las conductas que regula la nueva ley. Otro dato de la causa: Gendarmería, que custodia a personas que dependen por completo del Estado, queda fuera de esta nueva ley. No cabe duda de que el mundo de los derechos humanos se pone en alerta, porque la paz social de este país requiere como norte la búsqueda de equilibrios y el respeto de los derechos fundamentales de toda persona sometida a la custodia del Estado.
Finalmente recordemos también la reforma constitucional que el gobierno ingresó en agosto y que proponía un nuevo estado de excepción de hasta 240 días sin aprobación del Congreso. El gobierno tuvo que retirar su reforma constitucional y la moción de senadores que la reemplaza es más prudente: limita la emergencia a 30 días y permite al Congreso ponerle fin. Pero cambiaron algo de fondo, hoy la emergencia exige un hecho grave que ya esté ocurriendo; con la moción bastará una amenaza inminente, calificada por el Presidente, sin posibilidad de los tribunales de revisar esos fundamentos.
Kast tiene razón en que no hay atajos en seguridad. Por eso preocupa un presupuesto que congela la prevención de la violencia de género, no asegura que los drones de la región vuelvan a volar y pide más poder con menos rendición de cuentas. El Congreso tiene hasta fin de noviembre para reponer lo que se perdió en la letra chica, porque la seguridad que no se explica, ni previene, termina siendo solo una ilusión de control.
