La Contraloría Regional de Los Lagos ordenó a la Municipalidad de San Pablo recuperar recursos pagados a cuatro funcionarios por concepto del componente colectivo del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), luego de establecer que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para recibir el beneficio.
El caso se remonta al 15 de julio de 2025, cuando el director de Control municipal, Ricardo Vidal Meza, advirtió mediante el Oficio N°30 que se estaba gestionando el pago del incentivo a funcionarios que no habían acreditado su participación en el cumplimiento de las metas correspondientes a 2024, por lo que objetó la operación.
Pese a estas observaciones, el 17 de julio el alcalde Marco Carrillo dictó el Decreto N°1499, mediante el cual reiteró la orden de pago. Ese mismo día, a través del Decreto N°1559, se autorizó un pago complementario por $1.207.501 a cuatro funcionarios: Sergio Águila Leal, Jorge Bravo Bouquillard, Karina Riffo Toledo y Mauricio Salvo Martínez.
Posteriormente, el 18 de agosto, mediante el Oficio N°38, el director de Control dejó constancia de que había visado el decreto de pago por instrucción expresa del alcalde, señalando que su unidad no asumía responsabilidad por la legalidad de los actos aprobados bajo dicha orden.
La presentación del concejal y la resolución de Contraloría
Tras conocerse la resolución, el concejal Fabián Cortez cuestionó que el alcalde hubiera autorizado los pagos pese a las observaciones internas. El edil afirmó que las advertencias no provinieron exclusivamente de su fiscalización y sostuvo que también habían sido formuladas por el Departamento de Finanzas.
«Esto fue representado por el control del municipio, esto fue también avisado por el departamento de finanzas del municipio», señaló Cortez, quien además acusó que el alcalde decidió autorizar los pagos a funcionarios que, según sus declaraciones, tenían afinidad política con él.
El concejal también denunció que, antes del pronunciamiento definitivo de Contraloría, se intentó impedir que expusiera los antecedentes durante una sesión del Concejo Municipal. En ese sentido, afirmó que «se intentó censurar a mi fiscalización», cuando preparaba una presentación sobre los pagos cuestionados. Esta acusación corresponde a la versión del edil y no constituye una conclusión del organismo contralor.
Respecto del uso de los recursos municipales, Cortez manifestó: «Con la plata de San Pablo no se juega. La plata de San Pablo no es para pagar favores políticos. La plata de San Pablo no es para darse gustos personales. La plata de San Pablo es para los sampalinos».
Asimismo, destacó que su labor fiscalizadora no está condicionada por la militancia de las autoridades involucradas. En ese contexto, recordó que el exalcalde pertenecía a un partido de derecha y el actual jefe comunal a uno de izquierda, con el cual comparte militancia.
«Incluso, comparto el mismo partido que el alcalde actual», expresó Cortez, quien aseguró que no establece diferencias políticas ni personales al momento de ejercer sus atribuciones fiscalizadoras.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía debe conocer este tipo de situaciones, independientemente del sector político de las autoridades involucradas, y reafirmó su posición frente al uso de los recursos públicos: «La corrupción se ataca, no se oculta, no se defiende».
