La Contraloría General de la República reveló que 485 funcionarios públicos se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos, desde 2020 o una fecha posterior y hasta marzo de 2026, manteniendo el pago de sus remuneraciones mientras permanecían bajo esta medida.
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, fechado el 21 de septiembre de 2026, elaborado a partir de información solicitada a 669 organismos públicos, sin incluir municipalidades. De ellos, 662 entidades respondieron el requerimiento de la Contraloría.
El documento recuerda que el Estatuto Administrativo permite suspender preventivamente a los funcionarios investigados durante la tramitación de un sumario y establece que estos continúan percibiendo sus remuneraciones.
La revisión detectó además extensos períodos de suspensión. Trece funcionarios acumulaban cuatro años o más bajo esta condición y otros 17 entre tres y cuatro años, lo que totaliza 30 casos que superaban los tres años.
A ellos se sumaban 44 funcionarios con suspensiones de entre dos y tres años y 147 que acumulaban entre uno y dos años.
El caso de mayor duración consignado en el informe corresponde a un funcionario de SENPA-Mejor Niñez, con una suspensión estimada de cuatro años y siete meses. Le siguen un caso del SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
Más de $671 millones en diez casos
La Contraloría estimó que el Fisco ha desembolsado $671.426.189 en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez funcionarios con los períodos de suspensión preventiva más prolongados.
El CIC también estableció que 14 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante el período en que permanecieron bajo esta medida, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
Entre otros hallazgos, el organismo identificó a 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales sumariantes que ya no se desempeñaban en las respectivas instituciones. Asimismo, dos funcionarios cumplían una medida cautelar de prisión preventiva en una causa penal durante su período de suspensión administrativa.
Contraloría asumirá 30 sumarios
Ante la extensión de los procedimientos, la CGR dispuso que los 30 sumarios de funcionarios que llevaban más de tres años suspendidos sean remitidos a la Contraloría dentro de cinco días hábiles, organismo que continuará su tramitación.
Además, determinará si existe responsabilidad de las autoridades que ordenaron esos sumarios y no controlaron oportunamente su demora.
Las instituciones que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán, dentro de 15 días hábiles, remitir a través del Sistema de Acciones Derivadas (SIAD) la resolución que termine el sumario, una resolución fundada que mantenga la suspensión o informar las medidas adoptadas para agilizar el procedimiento.
En el mismo plazo deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
La Contraloría también anunció que realizará nuevas fiscalizaciones en determinados servicios para verificar la veracidad de la información entregada y hará efectivos los apercibimientos contemplados en la ley respecto de las instituciones que no respondieron el requerimiento.
