En su segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este miércoles a la creación de una comisión especial investigadora destinada a recopilar antecedentes sobre el eventual uso de herramientas digitales para intervenir o manipular la conversación pública durante procesos electorales desarrollados en Chile.
La propuesta obtuvo 69 votos favorables, 43 en contra y una abstención, superando así el quórum de 62 respaldos necesario para constituir la instancia.
El resultado se produjo apenas un día después de que la misma solicitud no consiguiera los apoyos suficientes en la Sala. En aquella oportunidad, la iniciativa alcanzó 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos sufragios de ser aprobada.
Tras ese revés, el diputado José Montalva, impulsor de la comisión, anunció que volvería a presentar la solicitud, lo que finalmente permitió reunir los respaldos necesarios durante la nueva votación.
La comisión tendrá entre sus objetivos recabar información respecto de las acciones de conocimiento, prevención, detección y fiscalización desarrolladas por los organismos públicos competentes frente al eventual uso de mecanismos de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios.
La investigación considerará fenómenos como el funcionamiento de bots y cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación de contenidos, trolls, campañas de desinformación, manipulación algorítmica y utilización de inteligencia artificial.
El periodo que será objeto de análisis comprenderá las elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020, en medio de la discusión pública generada por el denominado “caso bots” y los antecedentes conocidos respecto de redes de cuentas coordinadas y sus eventuales vinculaciones políticas.
En la votación de este miércoles, la única abstención correspondió a la diputada Ximena Ossandón (RN), mientras que 42 parlamentarios figuraron ausentes o sin registro de voto.
Con la aprobación de la solicitud, corresponderá ahora constituir formalmente la comisión e iniciar la recopilación de antecedentes. La instancia buscará determinar si existieron operaciones organizadas de manipulación digital durante procesos electorales y plebiscitarios desde 2020, establecer eventuales responsabilidades y financiamiento, y evaluar la capacidad de los organismos públicos para prevenir, detectar y fiscalizar estas prácticas.
