Una nueva investigación del medio digital Interferencia, publicada este martes 27 de octubre, reveló que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, otorgó rebajas de condena a tres ciudadanos venezolanos que participaron en una serie de hechos delictivos contra mujeres migrantes en La Serena, presentándose como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.
Los antecedentes recopilados por el medio establecen que dos de los condenados recuperaron su libertad anticipadamente durante septiembre de 2026, luego de beneficiarse de decretos administrativos firmados por el ministro Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva.
El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando cuatro ciudadanos venezolanos fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), tras intimidar con armas de fuego a un grupo de mujeres extranjeras que ejercían el comercio sexual en un inmueble de La Serena.
Según la investigación, los sujetos se identificaban como miembros del Tren de Aragua y exigían pagos semanales de $100.000 por mujer, bajo amenazas. Durante uno de los episodios, solicitaron inicialmente $50.000 a cada afectada.
El procedimiento policial permitió detener a los cuatro involucrados, quienes posteriormente enfrentaron un proceso judicial. En agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena los condenó a cinco años y un día de presidio por delitos de robo con intimidación y relacionados con el porte ilegal de armas y municiones.
Sin embargo, la pertenencia efectiva de los condenados al Tren de Aragua no fue acreditada judicialmente, por lo que ninguno recibió una condena por asociación ilícita o integración a dicha organización criminal.
Las rebajas de condena autorizadas por Justicia
De acuerdo con los decretos publicados por Interferencia, tres de los cuatro condenados recibieron beneficios de reducción de sus penas durante la actual administración.
Franyorkin Aramburu Hernández obtuvo una rebaja de nueve meses mediante un decreto firmado por Fernando Rabat el 6 de julio de 2026.
Winder Marott Morán recibió una reducción de tres meses, aprobada mediante un decreto del 4 de septiembre, también firmado por el ministro de Justicia.
Por su parte, Jhonder Ollarves Berbesi obtuvo una disminución de tres meses de su condena mediante un documento firmado el 7 de septiembre por Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
Las condenas de Marott y Ollarves originalmente concluían el 8 de diciembre de 2026. Sin embargo, producto de las rebajas, ambos recuperaron su libertad el 9 y 10 de septiembre, respectivamente, según consignó Interferencia.
Cuestionamientos por conducta penitenciaria
Uno de los antecedentes más relevantes de la investigación se relaciona con el comportamiento de los beneficiados durante su permanencia en establecimientos penitenciarios.
Interferencia constató que los tres registraban antecedentes por infracciones al régimen carcelario. En particular, Jhonder Ollarves acumuló al menos cinco causas y, en abril de 2024, fue sorprendido por funcionarios de Gendarmería con un teléfono celular y un chip dentro del penal de La Serena, situación por la que recibió una condena adicional de 41 días de prisión.
Asimismo, el medio estableció que, en octubre de 2025, la Comisión de Libertad Condicional había rechazado una solicitud de salida anticipada presentada por Franyorkin Aramburu.
Pese a estos antecedentes, los tres obtuvieron la calificación de «comportamiento sobresaliente», requisito contemplado en la Ley N.º 19.856 para acceder a la reducción de condena.
La documentación revisada presenta, además, una particularidad en el caso de Aramburu: el decreto firmado el 6 de julio de 2026 establece como nueva fecha de término de su condena el 8 de marzo del mismo año, es decir, cuatro meses antes de la firma del documento. Esta inconsistencia requiere una aclaración administrativa y no permite establecer, por sí sola, la fecha efectiva de su salida del recinto penitenciario.
Cuestionamientos por ausencia de expulsiones
La investigación también plantea interrogantes respecto de las gestiones del Gobierno para expulsar del país a los ciudadanos venezolanos beneficiados.
El 30 de julio de 2026, Chile y Venezuela anunciaron el restablecimiento progresivo de sus relaciones consulares, proceso que posteriormente permitió reactivar servicios de atención en ambos países. Sin embargo, según consigna Interferencia, no se habrían impulsado gestiones para concretar la expulsión de los condenados antes de su salida de prisión.
El reportaje cuestiona la ausencia de coordinación entre Justicia, Interior y Relaciones Exteriores. No obstante, una eventual expulsión requiere cumplir los procedimientos legales correspondientes y no se produce automáticamente por la nacionalidad del condenado ni por el restablecimiento de las relaciones consulares.
Estos nuevos antecedentes se suman a la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat por la aprobación de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y a condenados por violaciones a los derechos humanos.
El propio medio Interferencia había revelado anteriormente la existencia de 56 decretos que redujeron condenas por delitos sexuales contra menores, además de documentar diferencias entre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia durante los primeros meses de la actual administración.
La controversia llevó al Gobierno a suspender la tramitación de nuevas rebajas de condena. El Presidente José Antonio Kast, sin embargo, descartó solicitar la renuncia del ministro Rabat y le encomendó revisar los decretos cuestionados.
La nueva investigación amplía así los cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Ministerio de Justicia para conceder beneficios penitenciarios y sobre la actuación de las autoridades frente a condenados extranjeros.
