Un nuevo pronunciamiento judicial marcó la etapa de cumplimiento de la sentencia que enfrenta a la Municipalidad de Río Bueno con Casa Machmar. El Juzgado de Letras y Garantía de la comuna ordenó avanzar en la ejecución y requirió directamente al alcalde Luis Reyes Álvarez para que dicte el correspondiente decreto alcaldicio de pago por $432.598.635.
La resolución fue dictada el 25 de agosto en la causa civil C-603-2024, caratulada “Machmar con I. Municipalidad de Río Bueno”, correspondiente a un juicio de arrendamiento. El tribunal tuvo especialmente presente que el proceso se encuentra en etapa de cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada.
En ese contexto, el juzgado acogió un recurso de reposición presentado contra una resolución del 21 de agosto, dejándola sin efecto, y rechazó realizar una nueva audiencia de conciliación.
“No ha lugar a la nueva citación a audiencia de conciliación solicitada, por no constituir dicha actuación un trámite propio de la etapa de cumplimiento incidental en que se encuentran los autos”, establece la resolución.
El tribunal precisó, no obstante, que lo anterior es “sin perjuicio de la facultad de las partes para arribar extrajudicialmente a los acuerdos que estimen pertinentes respecto de la forma de cumplimiento de la sentencia”.
Tras resolver ese punto, el juzgado dio curso a la ejecución solicitada y emitió una orden dirigida expresamente al jefe comunal.
“Requiérase al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, proceda a dictar el correspondiente decreto alcaldicio de pago destinado a dar íntegro cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en estos autos, por la suma de $432.598.635”, señala textualmente el fallo.
El alcalde deberá, dentro del mismo plazo, informar al tribunal que cumplió lo ordenado y acompañar una copia del respectivo decreto. La resolución advierte que, ante un eventual incumplimiento, podrán adoptarse las medidas de apremio que correspondan conforme al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
La notificación al alcalde se concretó el 26 de agosto, a las 11:24 horas. De acuerdo con la certificación de la receptora judicial María Inés Bianchi Becker, la diligencia se realizó por cédula en el domicilio municipal de calle Comercio 603 de Río Bueno, requiriéndose al jefe comunal para dictar el decreto dentro de los cinco días hábiles establecidos por el tribunal.
La deuda inicialmente superaba los $502 millones
El monto actualmente exigido es inferior al que había sido ordenado judicialmente dos meses antes. Una resolución del 25 de junio dispuso que la Municipalidad de Río Bueno materializara, mediante decreto alcaldicio, una orden de pago por $502.358.785, correspondiente a una liquidación practicada el 26 de mayo de 2026.
En aquella oportunidad, el tribunal estableció que el dinero debía pagarse mediante depósito judicial en la cuenta corriente del juzgado y fijó un plazo de diez días hábiles desde la notificación al alcalde. Incluso estableció un apercibimiento de arresto por tres días para el representante legal de la municipalidad ante un eventual incumplimiento.
La suma cuyo cumplimiento se persigue actualmente quedó en $432.598.635, lo que representa $69.760.150 menos respecto de los $502.358.785 contemplados en aquella resolución de junio. Los documentos disponibles dan cuenta de ambos montos, aunque no permiten establecer por sí solos el fundamento procesal específico que produjo esa reducción.
Municipio proponía pagar $215 millones este año y el resto en 2027
El nuevo pronunciamiento judicial se conoce en medio del complejo escenario financiero expuesto por la propia Municipalidad de Río Bueno ante el tribunal.
En un informe técnico financiero fechado el 20 de agosto, el director de Administración y Finanzas, Ariel Delgado Álvarez, informó que el municipio proyecta para el cierre de 2026 un déficit presupuestario de $538.504.000.
El documento sostiene que, luego de implementar y proyectar reducciones, postergaciones y redistribuciones del gasto, la capacidad financiera adicional disponible para enfrentar las obligaciones derivadas del caso Casa Machmar alcanzaría aproximadamente los $215 millones durante 2026.
“El diferencial podrá ser considerado y proyectado para su pago durante el mes de enero de 2027, incorporándose oportunamente en la formulación presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio”, señala el informe financiero.
La Dirección de Administración y Finanzas advirtió que desembolsar los $432.598.635 durante 2026 implicaría conseguir $217.598.635 adicionales respecto de lo previsto, sin que actualmente exista —según el documento— una fuente adicional de financiamiento identificada para cubrir esa diferencia.
El informe plantea que esa situación podría afectar la liquidez municipal y dificultar el cumplimiento oportuno de obligaciones relacionadas con proveedores, servicios básicos, mantenciones y funcionamiento de dependencias, además de generar reducciones o postergaciones de programas sociales y comunitarios.
Pese a este escenario financiero y a la fórmula planteada por el municipio de disponer de $215 millones en 2026 y proyectar el diferencial para 2027, la resolución del 25 de agosto rechazó convocar a una nueva audiencia de conciliación y ordenó continuar con la ejecución, requiriendo al alcalde dictar el decreto destinado a dar “íntegro cumplimiento” a la sentencia por $432.598.635.
