Las direcciones regionales de seis partidos políticos anunciaron la constitución de la Mesa Política de Oposición de la Región de Los Ríos, instancia que tendrá como propósito coordinar el trabajo fiscalizador frente al Gobierno y articular propuestas para abordar distintas problemáticas regionales.
Por medio de un comunicado público fechado este sábado 22 de agosto, el Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Federación Regionalista Verde Social, Democracia Cristiana y Partido por la Democracia señalaron que la nueva instancia tendrá carácter permanente y buscará vincular el trabajo político con autoridades, dirigentes sociales y organizaciones de las doce comunas de la región.
“No será una mesa testimonial ni limitada a reaccionar ante la contingencia: tendrá presencia territorial, coordinación comunicacional y trabajo con autoridades, dirigencias sociales y organizaciones”, afirmaron las colectividades en la declaración.
En el documento, la nueva mesa formuló una serie de cuestionamientos al Gobierno, sosteniendo que, a casi seis meses de su instalación, las promesas en materias como seguridad, empleo y protección de derechos sociales habrían dado paso, a juicio de los partidos firmantes, a “improvisación, recortes e incertidumbre”. Asimismo, rechazaron que las críticas a la actual administración sean respondidas atribuyendo responsabilidades al Gobierno anterior.
Uno de los principales puntos planteados corresponde a seguridad. La agrupación cuestionó la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y exigió implementar una estrategia regional coordinada y evaluable para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en los barrios, incorporando prevención, recuperación de espacios públicos y coordinación entre municipios, policías, Gobierno Regional y comunidades. “Los anuncios y las rondas para la fotografía no sustituyen una política pública”, señalaron.
En materia laboral, la mesa manifestó preocupación por la situación regional y sostuvo que la desocupación en Los Ríos alcanzó un 10,2% durante el trimestre abril-junio de 2026, mientras que la ocupación informal llegó al 33,4%. Frente a este escenario, los partidos cuestionaron que, según sostienen, no se haya presentado un plan extraordinario de empleo con presupuesto, cobertura comunal, sectores priorizados y metas mensuales.
La declaración también aborda la situación de la salud pública. Los partidos valoraron el anuncio de restitución de recursos al Hospital Base Valdivia por un monto que, según el comunicado, alcanzaría los $8 mil millones, pero advirtieron que persisten dudas respecto del impacto de las restricciones presupuestarias en la Atención Primaria de Salud. “La salud pública se protege fortaleciendo toda la red, no solamente los hospitales”, enfatizaron.
Otro de los puntos cuestionados corresponde al Programa Mujeres Rurales, ejecutado por INDAP junto a PRODEMU. La mesa sostuvo que durante 2026 se congeló el ingreso de nuevas usuarias y comenzó el desescalamiento del convenio, situación que calificó como especialmente relevante para Los Ríos, considerando que once de sus doce comunas son rurales o mixtas. En ese contexto, pidió revertir la medida, asegurar continuidad presupuestaria y entregar una solución a las mujeres ya focalizadas.
Respecto de Obras Públicas, las colectividades manifestaron preocupación por una reducción adicional de 3% anunciada para 2026 y solicitaron que el MOP publique la cartera completa de proyectos para Los Ríos, detallando presupuesto vigente, avance físico, calendario de licitaciones y obras eventualmente postergadas. Según plantearon, los ajustes podrían tener consecuencias no solo sobre infraestructura y conectividad, sino también sobre el empleo y la actividad económica regional.
La declaración incorpora además críticas a la reforma tributaria, cuyo impacto, según los firmantes, podría afectar las finanzas municipales. Por ello, solicitaron transparentar sus efectos en cada municipio de Los Ríos y establecer una compensación “efectiva, suficiente y permanente”, resguardando el Fondo Común Municipal y los recursos destinados a servicios esenciales.
A estas materias se suman cuestionamientos por una rebaja cercana al 10% del presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y por los ajustes en ciencia y educación superior, particularmente la suspensión de convocatorias de Becas Chile para estudios de magíster en el extranjero y cambios relacionados con posdoctorados internacionales.
“La responsabilidad fiscal no puede convertirse en una excusa para trasladar el ajuste a pacientes, trabajadores, comunidades rurales y gobiernos locales”, señalaron las colectividades, que atribuyeron las distintas medidas a una orientación común y cuestionaron lo que calificaron como falta de coordinación y diálogo territorial por parte del Ejecutivo.
Finalmente, la Mesa Política de Oposición anunció que coordinará el trabajo de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales para fiscalizar las materias expuestas. Entre sus prioridades mencionó impulsar una agenda regional de empleo, una estrategia de seguridad, transparentar el impacto comunal de los ajustes en salud, promover la reapertura del Programa Mujeres Rurales y conocer la cartera completa de obras del MOP.
“No buscamos una confrontación vacía ni apostamos al fracaso del país. Pero tampoco guardaremos silencio mientras se recortan derechos, se profundizan desigualdades y Santiago decide qué comuna espera, qué obra se detiene o qué familia pierde apoyo”, concluyeron los partidos firmantes, agregando que recorrerán las comunas y mantendrán contacto con organizaciones territoriales.
