Las Federaciones Nacionales de Comités y Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento Rural de Chile manifestaron su rechazo a las declaraciones formuladas por el senador Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, durante la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado realizada el 12 de agosto.
En su intervención, el parlamentario aseguró que anteriormente había advertido sobre situaciones que, a su juicio, ocurrirían en algunos sistemas de Agua Potable Rural, lo que habría provocado cuestionamientos hacia su postura.
“Yo dije que simplemente había APR que me sonaban mal, porque se robaban la plata”, señaló el senador ante la comisión.
Urrutia sostuvo que sus afirmaciones se fundamentan en testimonios y comunicaciones que habría recibido desde distintas zonas del país. “A mí me ha llegado cualquier cantidad de gente, me han llamado y me han escrito que está en la escoba en muchos APR en el país, digamos, porque precisamente las platas se desaparecen entre los dirigentes”, expresó.
El legislador también relató el caso de una mujer que, según indicó, se comunicó con él para exponer una situación que consideraba grave y manifestarle que no contaba con los recursos económicos necesarios para recurrir a la justicia ni contratar a un abogado.
A partir de esos antecedentes, Urrutia consultó al Ejecutivo sobre el alcance que tendrá la fiscalización en esta materia. “La pregunta mía es: ¿cómo va el tema de la fiscalización?”, planteó.
El senador agregó que, en algunos servicios, existirían relaciones personales que dificultarían el control interno de las organizaciones. “Muchas veces en este tipo de cosas existen los favores personales, llamémoslo así, los amigachos. El que dirige el cuento tiene su grupo de amigachos, y con su grupo de amigachos controlan el cuento”, afirmó.
En respuesta a estos dichos, las Federaciones Nacionales de Comités y Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento Rural difundieron un comunicado público en el que expresaron su preocupación por el tenor de las afirmaciones, especialmente por considerar que proyectan situaciones particulares sobre el conjunto de los dirigentes.
“Los Servicios Sanitarios Rurales no tememos a la fiscalización. La exigimos”, afirmaron las organizaciones.
En el pronunciamiento, las federaciones señalaron que cualquier irregularidad administrativa debe ser investigada y que, si existen delitos o personas que hayan utilizado recursos comunitarios en beneficio propio, estas deben responder ante la justicia.
Sin embargo, cuestionaron que denuncias que, según sostienen, no han sido acreditadas sean utilizadas para instalar públicamente una sospecha generalizada sobre quienes administran los Servicios Sanitarios Rurales de Chile.
“No estamos afirmando que toda crítica formulada por un parlamentario constituya necesariamente un delito. Estamos señalando algo mucho más elemental: el debate público y legislativo exige responsabilidad cuando se atribuyen hechos delictivos a personas determinadas o a un colectivo de dirigentes”, indicaron.
Las organizaciones emplazaron al senador a entregar a las instituciones competentes los antecedentes que afirmó haber recibido. Aseguraron que no tienen razones para proteger a quienes eventualmente hayan cometido apropiación indebida, fraude, administración desleal, malversación u otro delito.
“Si existen antecedentes de apropiación indebida, fraude, administración desleal, malversación o cualquier otro delito, las Federaciones no tienen ninguna razón para proteger a quien eventualmente haya cometido tales hechos. Por el contrario, exigimos que se investiguen”, manifestaron.
En esa línea, resumieron su posición señalando: “Si hay delito, investigación. Si hay responsabilidad, sanción. Si no hay delito acreditado, no puede existir condena pública anticipada”.
El comunicado también abordó el régimen de fiscalización de los Servicios Sanitarios Rurales. Las federaciones recordaron que la Ley N.º 20.998 reconoce a los comités y cooperativas como operadores de estos servicios y establece mecanismos de regulación y control.
De acuerdo con las organizaciones, el artículo 85 de esa normativa entrega a la Superintendencia de Servicios Sanitarios atribuciones regulatorias y fiscalizadoras sobre los operadores, por lo que rechazaron que los APR sean presentados como entidades ajenas a la fiscalización estatal.
Las federaciones indicaron que están disponibles para discutir medidas que permitan fortalecer la transparencia, la supervisión, el acompañamiento técnico y la capacitación de los dirigentes. También se mostraron abiertas a analizar mecanismos extraordinarios de intervención cuando una situación grave y debidamente acreditada ponga en riesgo la continuidad de un servicio.
No obstante, plantearon que la designación de administradores temporales o cualquier medida equivalente debe sustentarse en causales objetivas, hechos acreditados y una resolución fundada, además de garantizar el derecho a defensa, la proporcionalidad, una duración limitada y la restitución de la administración comunitaria una vez superada la emergencia.
“La intervención excepcional puede proteger al servicio. La arbitrariedad, en cambio, puede destruir la organización comunitaria”, advirtieron.
Las organizaciones también destacaron que en numerosas localidades rurales existen dirigentes que administran los sistemas de agua potable sin recibir remuneración por su labor y que deben enfrentar dificultades relacionadas con infraestructura, energía, sequía, financiamiento y mayores exigencias regulatorias.
Por ello, precisaron que su postura no busca impedir investigaciones ni defender a quienes puedan haber cometido delitos, sino evitar que denuncias particulares sean extendidas a la totalidad de los comités y cooperativas.
“No defendemos personas frente a la justicia. Defendemos instituciones comunitarias frente a la estigmatización”, enfatizaron.
Finalmente, en el contexto de la reforma a la Ley N.º 20.998 que se discute en el Senado, las federaciones propusieron avanzar hacia un modelo público-comunitario que combine mayor fiscalización con financiamiento estructural, capacitación y apoyo técnico para los operadores.
“Si alguien roba, que responda. Si alguien comete un delito, que sea investigado. Si existe una irregularidad, que sea corregida. Pero si no existe una investigación que lo acredite, no aceptamos condenas públicas ni generalizaciones contra los dirigentes de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural de Chile”, concluyeron por medio del comunicado
