El nuevo mecanismo constitucional que impulsa el Gobierno para enfrentar escenarios asociados al crimen organizado comenzó a generar inquietudes en las Fuerzas Armadas, particularmente respecto de las atribuciones que tendrán los militares y su relación de mando con Carabineros y la Policía de Investigaciones durante eventuales despliegues.
De acuerdo con información difundida por Bío Bío La Radio, estas aprensiones fueron analizadas en una reunión en la que participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; los tres auditores generales de las Fuerzas Armadas; y el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El encuentro se prolongó por poco más de una hora.
La iniciativa contempla la creación de una nueva figura de excepción constitucional vinculada específicamente a situaciones de seguridad pública, diferenciándose del estado de emergencia que actualmente contempla el ordenamiento institucional. Su objetivo sería entregar herramientas para responder ante episodios de grave alteración del orden y la seguridad derivados de la actuación de organizaciones criminales.
Según el borrador de la reforma, las Fuerzas Armadas quedarían facultadas para colaborar expresamente con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante la vigencia de este mecanismo.
El diseño, sin embargo, mantendría a las instituciones policiales como responsables principales del ejercicio cotidiano de las funciones de orden y seguridad pública, mientras que la participación militar estaría circunscrita a los escenarios excepcionales y bajo las condiciones que establezca la legislación.
Es precisamente la forma en que se materializará esa coordinación la que ha generado interrogantes en el ámbito castrense. Entre los aspectos que requieren mayor definición se encuentran quién tendrá la facultad de impartir instrucciones durante los operativos, cómo funcionará la cadena de mando y cuál será el grado de autonomía o subordinación de las Fuerzas Armadas respecto de las policías.
Las dudas adquieren especial relevancia considerando que la nueva herramienta constitucional estaría destinada a enfrentar situaciones vinculadas al crimen organizado, donde podrían confluir simultáneamente capacidades policiales y militares.
El debate sobre el diseño definitivo deberá resolver, por tanto, no solo las circunstancias que permitirán decretar este nuevo estado de excepción, sino también delimitar con precisión las responsabilidades, atribuciones y mecanismos de coordinación entre las instituciones que participen de los despliegues.
