La defensa del conductor formalizado por el atropello múltiple ocurrido la madrugada del sábado 1 de agosto en la comuna de La Unión, que dejó dos personas fallecidas y seis lesionadas, expuso una serie de argumentos con el objetivo de que el tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.
Al inicio de su intervención, la defensora cuestionó el desarrollo de la audiencia, señalando que no contaba con los antecedentes necesarios para controvertir adecuadamente la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. En ese contexto, solicitó acceso a los antecedentes que sustentaban la petición de prisión preventiva y, posteriormente, dedujo una cautela de garantías, argumentando que la falta de acceso a esos antecedentes generaba una situación de desigualdad procesal y afectaba el derecho a una defensa efectiva.
Sin embargo, el tribunal rechazó esa petición, indicando que los antecedentes habían sido expuestos oralmente durante la audiencia y que ello permitía a la defensa conocer los fundamentos de la solicitud formulada por la Fiscalía.
Posteriormente, la abogada centró su exposición en las circunstancias personales del imputado, indicando que se trata de un joven de 25 años que se encontraba preparándose para obtener su licencia de conducir y que había dedicado gran parte de su vida a la práctica deportiva.
Asimismo, sostuvo que el imputado enfrenta un cuadro de depresión severa, condición que, según afirmó, requiere tratamiento psiquiátrico, psicológico, terapéutico y farmacológico permanente. Agregó que incluso registra antecedentes de hospitalización por ideación suicida, por lo que, a juicio de la defensa, el cumplimiento de una prisión preventiva dificultaría el acceso a la atención médica que necesita.
La defensa también afirmó que el imputado ha colaborado con la investigación desde el inicio. En esa línea, señaló que prestó declaración voluntariamente, reconoció haber conducido el vehículo involucrado y admitió no contar con licencia de conducir. Además, indicó que tanto él como su familia facilitaron el vehículo para la realización de las pericias y que accedió voluntariamente a la extracción de una muestra de sangre para determinar científicamente su nivel de alcohol al momento de los hechos.
Respecto del consumo de alcohol, la defensa sostuvo que será la investigación la que deberá establecer, mediante evidencia científica, si la ingesta ocurrió antes o después del accidente, insistiendo en que esa circunstancia aún no puede darse por acreditada.
En cuanto a la dinámica del atropello, la abogada cuestionó que el Ministerio Público hubiera logrado demostrar, en esta etapa inicial del proceso, la existencia del nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal por las muertes y lesiones.
En ese sentido, planteó que la pérdida de control del vehículo obedeció a factores externos, entre ellos la intensa lluvia, la oscuridad y las condiciones de la calzada, la que describió como extremadamente resbaladiza. Según expuso, los registros audiovisuales incorporados a la investigación mostrarían que el automóvil intentó frenar y que el impacto se produjo de manera lateral, lo que, a juicio de la defensa, sería consistente con una pérdida de control del vehículo y no con una maniobra intencional derivada del consumo de alcohol.
Con esos antecedentes, la defensa solicitó que se rechazara la prisión preventiva y que, en su lugar, se decretara una medida cautelar de menor intensidad, como arresto domiciliario total o la internación en un centro hospitalario, permitiendo así que el imputado continuara con el tratamiento de salud mental que, según sostuvo, requiere de manera permanente.
No obstante, tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 150 días.
