La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de la capital regional que declaró inadmisible la querella presentada por la Seremi de Seguridad Pública, impidiendo que el organismo se incorpore como interviniente en la investigación por la presunta comercialización ilegal de productos del mar en la región de Los Ríos.
La decisión fue adoptada de manera unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada, que rechazó el recurso del organismo de Gobierno y ratificó que la repartición carece de legitimación activa para participar en la causa.
La investigación, liderada por el Ministerio Público desde 2024, ha dejado hasta ahora 56 personas imputadas y ha permitido la incautación de vehículos, dinero en efectivo, documentos bancarios y otros elementos vinculados a una presunta asociación ilícita dedicada al comercio irregular de grandes volúmenes de recursos marinos.
El abogado defensor de uno de los imputados, Mauricio Obreque, valoró el fallo y señaló que la resolución establece con claridad los límites de la participación del Ministerio de Seguridad en la causa. “Le dicen al Ministerio de Seguridad: ‘Oiga, su querella ni siquiera cumple con los mínimos como para poder ser admitida y para considerarlo a usted legitimado para actuar en esta causa'”, afirmó.
Desde la Seremi de Seguridad Pública, el titular de la cartera en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, aunque recalcó que ésta será respetada.
“La posición siempre ha sido que los fallos de los tribunales se respetan, no necesariamente uno puede estar compartiendo el fundamento, pero sí se respeta absolutamente, porque así es el sistema en un Estado de derecho”, expresó.
La autoridad sostuvo además que el organismo buscaba intervenir en la causa debido a la existencia de una presunta asociación ilícita. “Nosotros queríamos participar en esta investigación, especialmente porque se trata de una asociación ilícita. No compartimos nunca el criterio del Tribunal de Garantía que señala que se trata de una asociación criminal que operaba en secreto, y que ello no altera el orden público. Nosotros tenemos una interpretación absolutamente distinta”, afirmó.
Pese al revés judicial, Meléndez aseguró que la repartición continuará presentando acciones judiciales en aquellos casos en que estime que la legislación le otorga facultades para intervenir, señalando además que el reciente fallo será analizado para fortalecer futuras presentaciones ante los tribunales.
