En medio de la polémica desatada por los dichos del presidente José Antonio Kast, quien el miércoles calificó como “metáfora” su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes el primer día de gobierno, el Ejecutivo ingresó una indicación al proyecto de ley que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas. La propuesta busca que servicios públicos y privados entreguen información sobre migrantes en situación irregular cuando estos acudan a realizar trámites en áreas como salud, previsión social y educación.
La iniciativa, dada a conocer por el diario La Segunda, fue expuesta por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la discusión legislativa en la comisión de Gobierno del Senado. De aprobarse, obligaría a organismos como Fonasa, isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a remitir antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.
La medida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para identificar y concretar la expulsión de extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, contingente estimado en cerca de 300 mil personas. La propuesta surge justamente cuando el mandatario enfrenta cuestionamientos transversales luego de que, durante la inauguración de la Semana de la Construcción organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, señalara que “si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”, relativizando una de sus principales banderas de campaña.
En ese contexto, la indicación establece que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” deberá entregar la información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite.
Entre los antecedentes que podrían solicitarse figuran domicilio, número telefónico, correo electrónico y otros datos personales de las personas fiscalizadas. La propuesta apunta a aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar gestiones administrativas, con el objetivo de identificarlos y eventualmente expulsarlos del territorio nacional.
La indicación contempla además que los datos entregados quedarán sujetos a reserva y solo podrán ser utilizados para fines migratorios específicos, conforme a la normativa vigente de protección de datos personales.
La situación se da en paralelo a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia migratoria desde su instalación el 11 de marzo. Entre ellas figuran el aumento de la frecuencia de vuelos de expulsión —que pasaron a ejecutarse de manera quincenal— y el refuerzo de la fiscalización a través de la Policía de Investigaciones, gestiones coordinadas por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
