Un análisis preliminar sobre los efectos de la recientemente ingresada Ley de Reconstrucción Nacional —presentada este miércoles por el Ejecutivo— advierte un significativo impacto económico en el patrimonio de altas autoridades de gobierno.
Se trata del estudio titulado “Impacto de 4 medidas de la Ley Miscelánea en el patrimonio de las autoridades de gobierno”, elaborado por el abogado y magíster en políticas públicas Juan Andrés Mena y difundido por el centro de estudios Nodo XXI, el cual examina los efectos potenciales de cuatro medidas tributarias contempladas en la iniciativa.
El informe analiza a un total de 63 autoridades —incluyendo al Presidente, ministros y subsecretarios— cuyos patrimonios suman $1.148.294 millones. De acuerdo con el documento, esta cifra equivale al 1,33% del presupuesto público aprobado para 2026, lo que permite dimensionar el nivel de riqueza concentrado en este grupo.
Entre los hallazgos, se indica que al menos siete autoridades, incluido el Presidente de la República, poseen patrimonios superiores al promedio del 1% más rico del país. Asimismo, las 20 autoridades con mayores activos superan individualmente los mil millones de pesos, siendo el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien concentra el mayor patrimonio, con más de $679 mil millones.
El estudio se enfoca en cuatro medidas incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional: la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración total del sistema tributario, una tasa reducida para la repatriación de capitales y la exención de contribuciones para adultos mayores. A partir de estos cambios, el informe estima que el beneficio económico potencial agregado alcanzaría los $292.515 millones anuales para el conjunto de autoridades analizadas.
“El beneficio anual potencial agregado (…) es de un total M$292.515.734”, señala el documento, el cual agrega que dicho monto equivale, por ejemplo, a 1,73 hospitales de mediana-alta complejidad o a 6,6 campañas de la Teletón.
En cuanto a la composición de estos beneficios, el informe identifica que la mayor incidencia provendría de la tasa reducida para la repatriación de capitales. En esa línea, se precisa que “el concepto por el cuál potencialmente mayores beneficios personales podrían obtener las autoridades (…) es la tasa rebajada a la repatriación”.
A nivel individual, los mayores beneficios proyectados coinciden con las autoridades de mayor patrimonio. Según el estudio, el ministro de Defensa podría concentrar beneficios superiores a los $210 mil millones, mientras que el ministro de Economía superaría los $33 mil millones.
El documento también advierte que, en algunos casos, los beneficios potenciales superarían ampliamente las metas de reducción del gasto público fijadas para sus respectivas carteras, lo que abre un debate sobre el impacto distributivo de estas medidas.
Finalmente, el estudio subraya el carácter estimativo del análisis, basado en supuestos conservadores ante la falta de información completa sobre la rentabilidad de las inversiones de las autoridades. En ese sentido, se aclara que “no es una estimación de su beneficio real, sino una simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores”.
Lee el informe completo a continuación:
