Una investigación periodística de El Mercurio reveló que ocho integrantes de la Cámara de Diputados y al menos seis autoridades del actual Gobierno mantienen deudas vigentes en el Fondo Solidario del Crédito Universitario. El reporte, con información pública actualizada a diciembre de 2025, incluye a una delegada presidencial, dos delegados provinciales y tres secretarios regionales ministeriales (seremis) con pagos pendientes.
De acuerdo con los antecedentes, los montos adeudados presentan una amplia variación, oscilando entre un millón de pesos y los 40 millones. A diferencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), cuya morosidad no es pública debido a su carácter bancario, el Fondo Solidario sí permite el acceso a este tipo de información.
En el detalle de parlamentarios, figura la diputada por la Región de Los Lagos, Claudia Reyes (Partido Republicano), representante del Distrito 26, quien mantiene una deuda cercana a los 38 millones de pesos con la Universidad Austral de Chile.
También aparece Héctor Ulloa, diputado independiente por el mismo distrito, con una deuda registrada de $18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El propio parlamentario afirmó que dicha morosidad ya fue saldada en su totalidad.
En la lista se incluye además a la diputada Emilia Nuyado (Partido Socialista), del Distrito 25, con una deuda de $6,2 millones con la Universidad de Los Lagos. A estos casos se suman Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones adeudados a la Universidad de La Serena, y Carolina Tello (Frente Amplio), con una deuda de $12,9 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Por su parte, la diputada Sara Concha (PSC) figura con un monto menor, correspondiente a $1,5 millones adeudados a la Universidad del Bío-Bío. Todos estos registros corresponden a instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh).
El Fondo Solidario del Crédito Universitario es un beneficio estatal orientado a financiar el arancel de estudiantes pertenecientes al 80% más vulnerable de la población. El crédito se otorga en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y contempla una tasa de interés anual del 2%.
El sistema establece que el cobro comienza dos años después del egreso, periodo desde el cual los beneficiarios deben pagar anualmente el equivalente al 5% de sus ingresos del año anterior. Asimismo, la normativa vigente contempla la posibilidad de condonar el saldo restante tras 12 años, siempre que se cumplan las condiciones de pago y que la deuda pendiente sea inferior a 200 UTM —equivalente a cerca de 14 millones de pesos—.
Se espera que en los próximos días los parlamentarios y autoridades mencionadas entreguen declaraciones respecto de su situación administrativa con las respectivas casas de estudio.
