La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias (ANEC) de la Contraloría General de la República (CGR) manifestó su preocupación frente al recorte del 3% del presupuesto público instruido por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la compleja situación fiscal que enfrenta el país.
La medida fue formalizada mediante un oficio firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dirigido a ministerios y servicios públicos, estableciendo la reducción del gasto en distintas reparticiones del Estado.
Desde el gremio de la Contraloría advirtieron que la aplicación de este ajuste podría tener efectos directos en la dotación de personal y en el funcionamiento institucional, impactando especialmente la labor fiscalizadora del organismo. En esa línea, señalaron que “resulta particularmente alarmante que la disminución sólo en el subtítulo 21 (correspondiente a gastos en personal) equivale aproximadamente a la remuneración anual de 80 fiscalizadores de grado base”, lo que da cuenta de la magnitud del recorte.
La ANEC enfatizó que esta situación podría afectar una función clave para “el resguardo de la probidad, el control y la correcta administración de los recursos públicos”, advirtiendo que cualquier debilitamiento en las capacidades humanas y técnicas de la CGR repercute no sólo en sus trabajadores, sino también en el conjunto del sistema público.
Asimismo, el gremio planteó la necesidad de ser incorporado en las instancias de diálogo para la implementación del ajuste, con el objetivo de resguardar las condiciones laborales y asegurar un proceso transparente. En ese contexto, recalcaron que “la responsabilidad fiscal no puede traducirse en precarización laboral, debilitamiento institucional ni afectación de la función fiscalizadora”, agregando que este proceso debe abordarse “con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto a los derechos de las y los funcionarios”.
En paralelo, el dirigente y tesorero nacional de la ANEC, Cristopher Roldán, reforzó las críticas a través de redes sociales, donde cuestionó los efectos prácticos del recorte. “¿Qué significa un 3% sólo en el subtítulo 21? 80 fiscalizadores de grado base menos en la calle”, sostuvo, advirtiendo que esto implicaría “menos fiscalización a las fundaciones, menos fiscalización a las licencias médicas, menos fiscalización a todos los grandes temas que hemos levantado como institución”.
El dirigente fue más allá y criticó el mensaje del Ejecutivo, señalando que “el Gobierno de Kast ha dicho en la práctica que quiere un Gobierno más transparente y más probo, pero el mensaje que nos da a nosotros es distinto”. En esa línea, concluyó que “un recorte en la Contraloría significa, en la práctica, más plata para los corruptos”.
Finalmente, la ANEC hizo un llamado a las autoridades a generar instancias formales de trabajo con las organizaciones de funcionarios, con el fin de abordar los efectos del ajuste con “seriedad, profundidad y sentido institucional”, poniendo en el centro la defensa del empleo público, la dignidad laboral y el rol estratégico de la función pública.
