El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una nueva querella criminal por delitos tributarios en la región de Los Ríos, esta vez en contra de dos empresarios de nacionalidad china que operaban como representantes legales de una empresa Importadora y Exportadora del tipo “mall chino” en Valdivia. La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia y apunta a un fraude fiscal que asciende a $310.753.001, monto actualizado a septiembre de 2025.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, los querellados utilizaron una estructura compuesta por 20 empresas “fantasmas” y un total de 163 facturas electrónicas falsas, correspondientes a operaciones inexistentes, con el objetivo de aumentar de manera ilegal los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“El trabajo fiscalizador permitió establecer que, durante los períodos tributarios de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, y de enero a junio de 2024, los querellados registraron y declararon 163 facturas electrónicas falsas de operaciones inexistentes”, precisó el SII. Estas maniobras generaron un perjuicio fiscal por concepto de IVA de $128.354.512.
Asimismo, el organismo detalló que los imputados declararon costos y gastos falsos en el Impuesto a la Renta correspondientes a los años tributarios 2024 y 2025, lo que provocó un daño adicional al Fisco de $182.398.489. Con ello, buscaban disminuir de forma indebida su carga tributaria utilizando documentos emitidos por proveedores inexistentes.
En el marco del análisis fiscalizador, el SII detectó que varias de las empresas proveedoras utilizaban las mismas direcciones IP para emitir facturas y realizar declaraciones de impuestos, lo que levantó alertas sobre una posible operación coordinada. A raíz de esto, la Dirección Regional de Valdivia se coordinó con oficinas metropolitanas para verificar los domicilios declarados por los supuestos proveedores.
Las diligencias permitieron constatar que estas empresas “operaban desde oficinas virtuales sin infraestructura física y donde no fueron ubicados en los domicilios registrados”. Además, el SII confirmó que dichas sociedades “carecían de bodegas o espacios para almacenar mercadería y no contaban con trabajadores contratados”.
A ello se sumó el cruce de información con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas, lo que permitió establecer que ninguna de las 20 empresas registró pagos de impuestos aduaneros ni realizó importaciones durante el período investigado, descartando así el origen real de las mercaderías supuestamente comercializadas.
Estos antecedentes fueron clave para sustentar la querella criminal presentada por el SII, la que busca establecer las responsabilidades penales correspondientes por el uso malicioso de documentación tributaria falsa y el grave perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal.
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