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Chilolac despide a 110 trabajadores en Ancud sin pagar indemnización por años de servicio

Invocando la causal de término de obra o servicio, la empresa láctea Chilolac desvinculó a 110 trabajadores de su planta procesadora en Ancud, decisión que fue calificada como un “mazazo” por el sindicato y que ya motivó gestiones ante la Inspección del Trabajo y el anuncio de eventuales acciones legales.

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Un total de 110 trabajadores de la planta procesadora de la empresa láctea Chilolac, ubicada en la comuna de Ancud, fueron desvinculados tras la decisión de la compañía de poner término a sus contratos invocando la causal del artículo 159, numeral 5, del Código del Trabajo, correspondiente a la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al vínculo laboral, la cual no contempla indemnización por años de servicio.

La medida impactó de manera significativa a una dotación que, en su mayoría, contaba con extensas trayectorias laborales en la empresa. Así lo expresó el presidente del sindicato, Juan Paredes, quien señaló que la noticia fue recibida como un verdadero “mazazo” por parte de los trabajadores afectados.

Desde la dirigencia sindical explicaron que las cartas de despido comenzaron a ser notificadas tanto a través de la Inspección del Trabajo como mediante la entrega directa a algunos operarios, aunque advirtieron que aún existirían trabajadores que no han sido informados formalmente. Según indicaron, se trata de cartas tipo, con contenido idéntico, donde se fundamenta la desvinculación en la finalización del trabajo o servicio que dio origen a los contratos.

Los trabajadores consideran improcedente la causal invocada por la empresa, motivo por el cual ya iniciaron gestiones ante la autoridad laboral. En ese marco, sostuvieron reuniones con la Inspección del Trabajo y con el director regional del organismo, Claudio Salas, quien confirmó que se está entregando asesoría respecto de la presentación de reclamos y la evaluación de eventuales acciones legales.

De acuerdo con estimaciones preliminares del sindicato, el monto global asociado a los finiquitos podría alcanzar los 1.200 millones de pesos, en un escenario que los propios trabajadores vinculan a la compleja situación financiera que atraviesa la empresa. En este contexto, no descartan recurrir a tribunales para impugnar la legalidad de los despidos.

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