Por Roberto Guarda Asenjo
Secretario APR Champel San Jorge
Entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos se extiende una de las mayores fuentes de aguas subterráneas del país: el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SCHAC) del Río Bueno Medio. Este acuífero abarca desde la comuna de Futrono hasta Mantilhe por el este, y desde Pichirropulli hasta San Pablo por el oeste.
Este vasto territorio, que constituye una de las reservas de agua más importantes de Chile, está siendo severamente sobreexplotado debido a la entrega indiscriminada de derechos de agua. Según registros de la Dirección General de Aguas (DGA), hasta marzo de este año se han otorgado derechos por más de 10 mil litros por segundo.
Ya el 4 de marzo de 2022, la DGA había declarado al SCHAC Río Bueno Medio como área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, justamente por el riesgo de grave disminución del acuífero y el consiguiente perjuicio a los derechos previamente establecidos. Esta medida se adoptó ante evidencia técnica que justificaba limitar nuevas extracciones. Sin embargo, dicha restricción no ha sido suficiente frente a otros factores que continúan afectando la recarga natural de las napas.
El cambio climático, la reducción de áreas de bosque nativo, y el deterioro general del entorno están impactando negativamente en la infiltración de aguas superficiales hacia los acuíferos. A esto se suma la contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas en la agroindustria, el riego con purines no maduros en praderas ganaderas —especialmente por parte de empresas lecheras—, y la proliferación de loteos regulares e irregulares, que aumentan la densidad habitacional, muchas veces con sistemas precarios de tratamiento de aguas como fosas sépticas.
Adicionalmente, se siguen construyendo pozos sin regulación ni estudios hidrogeológicos. También se está fomentando un modelo productivo que elimina completamente la vegetación nativa para instalar grandes pivotes de riego, que requieren despejar zonas de más de 20 hectáreas, transformando paisajes naturales en verdaderos “desiertos verdes”.
Todos estos problemas comparten un denominador común: la casi nula fiscalización por parte de la DGA y de las autoridades ambientales competentes.
Cabe destacar que de estas aguas subterráneas se abastecen alrededor de 40 Comités de Agua Potable Rural (APR), que entregan agua a unas 8.000 familias. Esto debería ser motivo suficiente para impulsar acciones urgentes y responsables en la protección de este recurso vital.
Sin embargo, el desafío más complejo sigue siendo crear conciencia sobre esta situación. La falta de información científica, el escaso monitoreo de pozos y el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento de los acuíferos dificultan comprender la magnitud del problema. Pero lo más grave, sin duda, es la falta de voluntad política para enfrentar esta crisis. En muchos casos, los intereses económicos pesan más que la protección del bien común.
Por ello, a través de esta columna hago un llamado a las autoridades a legislar con decisión y responsabilidad. Es urgente contar con herramientas legales robustas que permitan fiscalizar eficazmente, castigar a quienes contaminan y sancionar a quienes roban un recurso que, aunque subterráneo e invisible, no es infinito.
