Carlos Díaz Marchant
Presidente nacional Colegio de Profesoras y Profesores de Chile
Escribo estas líneas en medio de la incertidumbre. Se rumorea un cambio de Gabinete Ministerial desde hace días y quizá cuando esta columna sea publicada aquello ya haya sucedido. Dependiendo del medio de comunicación y del momento, se especula con un cambio en el Ministerio de Educación o con la confirmación de su actual autoridad máxima.
Se inician en estos días, también, las clases escolares. Pero en 15 escuelas de la Región de Atacama no, porque los arreglos en su infraestructura se atrasaron tanto que dejaron a estudiantes y docentes sin clases. Por su parte, en Calbuco y en Antofagasta las lecciones no parten bien, por escuelas sucias o en pésimas condiciones. Y en demasiadas comunas del país las maestras y maestros ingresan agobiados desde ya, por las millonarias deudas en previsión y licencias médicas de responsabilidad de las municipalidades, que simplemente por años han robado fondos de los trabajadores de la educación.
Y si de incertidumbre se trata, de eso saben los cientos de profesores que hace años quieren jubilarse y salir del sistema escolar, pero no lo pueden hacer porque el Estado no les paga el Bono de Retiro que les asignó hace años.
O sea, no partimos con las condiciones ideales este año escolar, que resulta ser decisivo. El 2022 vivimos la instalación de un nuevo gobierno que llegó con nuevas directrices para la educación… las que luego de 12 meses han sido ante todo eso, directrices, pero no tanto medidas concretas, acciones, cambios notorios. Si desde el Magisterio hemos abogado insistentemente por el sentido de urgencia, la agilidad, la rapidez, la necesidad de acciones materiales, no solo es por las apremiantes necesidades de nuestro sistema escolar, sino porque entendemos muy bien como funciona nuestra institucionalidad y sabemos que los períodos presidenciales de 4 años requieren de un impulso decidido desde el comienzo, porque 4 años se hacen cortos en temas tan complejos como Educación.
Por ello, este segundo año de gestión de este gobierno es clave. Ya no caben las explicaciones en torno a la instalación, los diagnósticos, las instancias pre-legislativas. Tenemos un Gobierno que ya cumplió sus primeros doce meses y no puede estar eternamente prometiendo resolver más adelante. Este es, sin duda, el año para acometer con la materialización de esas promesas, el año de las iniciativas legislativas y el año de empezar con los cambios concretos, para tener tiempo para el debate, la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha durante la segunda mitad de este período presidencial.
Porque una cosa es proponer una ley, otra que se tramite, otra que se apruebe y, finalmente, que se implemente y funcione. Y el Gobierno no tiene un tiempo infinito, menos aún en el área educativa, donde la envergadura del sistema hace que siempre se requiera de importantes recursos materiales y de tiempo.
Por eso, si este Gobierno quiere dejar un legado, marcar un cambio en Educación, este es su año decisivo, el año de implementar las transformaciones prometidas para que sean efectivas. Porque, simplemente, no hay mucho tiempo.
