Las bancadas de oposición concretaron este jueves 12 de noviembre la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
El documento, de 189 páginas y estructurado en tres capítulos, fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la oposición anunciara esta ofensiva el pasado 28 de octubre. La acusación busca establecer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado por eventuales infracciones a la Constitución y las leyes.
El primer capítulo se refiere a las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos de violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los parlamentarios sostienen que estos beneficios contravienen las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421 y cuestionan que se hayan otorgado sin órdenes judiciales específicas que obligaran a dictar los respectivos decretos.
El segundo apartado aborda las reducciones de penas concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según la acusación, el Ministerio de Justicia no habría considerado adecuadamente las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos ni los antecedentes particulares de los beneficiarios.
Finalmente, el tercer capítulo cuestiona las explicaciones entregadas por Rabat ante el Congreso. Los diputados lo acusan de proporcionar información inexacta o incompleta respecto de las decisiones administrativas adoptadas, lo que, a juicio de los firmantes, podría constituir una vulneración del principio de probidad.
La presentación fue respaldada por diez diputados de distintas colectividades opositoras, entre ellos Raúl Leiva y Juan Santana, del Partido Socialista; Jorge Brito y Emilia Schneider, del Frente Amplio; Daniela Serrano y Marcos Barraza, del Partido Comunista; además de representantes de la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y el sector PPD.
Desde la oposición sostienen que la acusación no responde únicamente a diferencias de criterio jurídico, sino a actuaciones que consideran contrarias a las obligaciones legales del ministro.
Por su parte, el Gobierno rechazó los fundamentos de la acusación constitucional y mantuvo su respaldo al ministro Rabat.
El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó el documento como una acusación “liviana”, “mal preparada” e “ideológicamente sesgada”, asegurando que no reúne los requisitos necesarios para prosperar.
“El ministro responderá, es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien en esa acusación constitucional”, sostuvo Arenas en declaraciones a 24 Horas Central.
La controversia se desarrolla pese a que el Presidente José Antonio Kast reconoció anteriormente que las rebajas de condenas constituyeron un error de su administración, aunque decidió mantener al titular de Justicia en el gabinete.
La acusación deberá iniciar ahora su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera que se dé cuenta del documento el lunes 16 de noviembre. Posteriormente, deberá ser examinada por una comisión y sometida a votación en la Sala.
Si la Cámara declara admisible la acusación en el sentido constitucional de que ha lugar a ella, el proceso continuará en el Senado, que deberá resolver sobre la responsabilidad del ministro.
Una eventual declaración de culpabilidad del Senado significaría la destitución de Rabat y su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, su continuidad dependerá del resultado de la tramitación parlamentaria, instancia en la que la oposición todavía enfrenta incertidumbre respecto de los votos necesarios para aprobar el libelo.
