Un nuevo antecedente profundiza la controversia que enfrenta el Ministerio de Justicia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Una investigación periodística reveló que la cartera otorgó rebajas de condena a 115 ciudadanos extranjeros sentenciados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo casos vinculados al transporte de grandes cargamentos de sustancias ilícitas y personas que habían recibido evaluaciones negativas sobre sus posibilidades de reinserción social.
Los antecedentes fueron publicados este jueves 5 de noviembre por el medio Interferencia. La investigación examinó 150 decretos de reducción de condenas a extranjeros, correspondientes a un universo más amplio de resoluciones dictadas durante 2026.
Entre los casos identificados, al menos 13 corresponden a personas detenidas en la frontera norte del país o en controles efectuados en rutas conectadas con esa zona. En cinco de ellos, las sentencias judiciales establecieron que los condenados habían ingresado a Chile utilizando pasos fronterizos no habilitados.
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde al ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana, condenado a cinco años y un día de presidio después de ser detenido en julio de 2021 en la comuna de Pica, Región de Tarapacá.
El condenado participaba como acompañante en uno de los vehículos utilizados para facilitar el traslado de un cargamento compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base, cuya valoración superaba los mil millones de pesos.
Pese a la magnitud de la operación, el 12 de mayo de 2026 el Ministerio de Justicia redujo su condena en tres meses, estableciendo como nueva fecha de término de la pena apenas dos días después de dictada la resolución.
Rebajas pese a informes desfavorables
Otro de los casos expuestos corresponde a Fredy Orlas Heredia, ciudadano colombiano condenado a cinco años y un día de prisión por su participación en el traslado de 52 kilos de pasta base de cocaína, detectados durante un control policial en Antofagasta.
Según la investigación, un informe elaborado por Gendarmería en abril de 2024 estableció que presentaba un «nivel de riesgo de reincidencia alto», recomendando no otorgarle una pena mixta.
Posteriormente, en 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó por unanimidad su solicitud, argumentando que el condenado «no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social».
Sin embargo, el 1 de junio de 2026, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, actuando como ministro subrogante, firmó un decreto que redujo su condena en seis meses.
La investigación también identificó a Wilber Tenajas Orellana, condenado por tráfico de drogas después de ser detenido junto a un grupo que había ingresado irregularmente al país transportando 291,5 kilos de marihuana. En septiembre de este año obtuvo una reducción de siete meses, mediante una resolución igualmente firmada por Silva.
Argumentos del Ministerio de Justicia
De acuerdo con los documentos examinados por Interferencia, las rebajas fueron autorizadas mediante decretos suscritos por el ministro Fernando Rabat y por Luis Silva cuando ejercía como titular subrogante de la cartera.
El reportaje sostiene que el ministerio no se opuso a ninguna de las reducciones de condena incluidas en la muestra analizada.
Para fundamentar las resoluciones, se invocaron fallos de tribunales superiores de justicia y un criterio jurídico según el cual «este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido».
Esta interpretación también fue utilizada para justificar las rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, situación que desencadenó una fuerte controversia política durante las últimas semanas.
Nueva revelación en medio de la crisis del Gobierno
Los antecedentes se conocen después de que otra investigación del mismo medio identificara 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, lo que provocó cuestionamientos al ministro Fernando Rabat y abrió un debate sobre las responsabilidades políticas y administrativas en el otorgamiento de estos beneficios.
En medio de esa controversia, el Ministerio de Justicia anunció el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos de reducción de condenas y el impulso de modificaciones legislativas destinadas a revisar las condiciones para acceder a estos beneficios.
La nueva investigación amplía el alcance del cuestionamiento a las decisiones adoptadas por la cartera, al incorporar condenas por narcotráfico y casos en que existían antecedentes penitenciarios desfavorables.
No obstante, el otorgamiento de una rebaja de condena no implica, por sí solo, que exista una irregularidad legal. La controversia se concentra en los criterios aplicados, el alcance de las atribuciones ministeriales y la evaluación de antecedentes judiciales y penitenciarios al momento de formalizar estos beneficios.
