El excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, fue declarado culpable del delito de lavado de activos en el marco del denominado caso Gastos Reservados, luego de que la justicia estableciera que recibió recursos públicos desviados de la institución militar y realizó distintas operaciones para ocultar su procedencia ilícita.
El veredicto fue dictado por unanimidad el martes 3 de noviembre por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que dio por acreditada la responsabilidad del general en retiro en los hechos investigados por la Fiscalía Regional de Los Lagos.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, entre 2010 y 2018 los entonces comandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, destinaron parte de los gastos reservados institucionales al pago de mensualidades para antiguos jefes de la institución.
Estos recursos, destinados legalmente a funciones específicas de seguridad e inteligencia, eran entregados en efectivo, sin registros contables, mediante pagos que comenzaron en $400 mil mensuales en 2010 y alcanzaron el millón de pesos en 2017.
En el caso de Izurieta, antecedentes de la investigación publicados por BioBioChile indican que recibió entre $61,2 millones y $78 millones durante ese periodo.
Las operaciones que permitieron ocultar el dinero
Uno de los principales antecedentes examinados durante el juicio fue la utilización de parte de estos recursos para pagar cuotas de un crédito hipotecario correspondiente a un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago.
La investigación estableció que el exjefe militar efectuó pagos en efectivo asociados al inmueble y posteriormente desarrolló otras operaciones patrimoniales y tributarias que fueron consideradas por el tribunal como mecanismos para disimular el origen del dinero.
Entre estas maniobras figuraron la rectificación de declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos, la transferencia de propiedades a una de sus hijas y la posterior administración de los ingresos obtenidos mediante el arriendo de uno de los inmuebles.
El tribunal desestimó las explicaciones entregadas por la defensa y concluyó que las distintas operaciones, examinadas en conjunto, constituían actos destinados a ocultar el origen ilícito de los recursos.
Fiscalía solicita ocho años de cárcel
Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía Regional de Los Lagos informó que solicitará una pena de ocho años de presidio para Izurieta, además de una multa de 500 unidades tributarias mensuales (UTM).
El Ministerio Público también pidió el decomiso del inmueble involucrado en las operaciones y de las ganancias obtenidas a través de su explotación, estimadas en aproximadamente $166 millones.
La investigación fue desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, con participación de unidades especializadas de la Policía de Investigaciones.
El caso constituye una de las aristas judiciales vinculadas al uso irregular de los gastos reservados del Ejército, una investigación que ha involucrado a antiguos altos mandos de la institución.
Cabe precisar que los antecedentes relacionados con la eventual malversación de caudales públicos durante el periodo en que Izurieta ejerció como comandante en jefe, entre 2006 y 2010, corresponden a una causa distinta que se tramita ante la justicia militar.
Finalmente, el tribunal fijó para el viernes 27 de noviembre, a las 11:15 horas, la audiencia en que comunicará la sentencia y la pena que deberá cumplir el excomandante en jefe del Ejército.
