El Gobierno Regional de Los Ríos reconoció debilidades en determinados procedimientos de control, supervisión y revisión institucional, luego de la emisión de informes finales de la Contraloría Regional relacionados con proyectos financiados mediante los fondos Vida en Comunidad.
A través de una declaración pública, el GORE abordó las conclusiones del organismo contralor y señaló que los antecedentes vinculados a estos fondos dan cuenta de la participación de un exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, cuyo desempeño en ese cargo, según precisó la institución, fue anterior al periodo del gobernador Luis Cuvertino.
De acuerdo con la versión entregada por el Gobierno Regional, una vez fuera de la institución esta persona habría intervenido como gestor externo en la formulación, ejecución y rendición de distintas iniciativas, además de participar como proveedor de servicios a través de sus empresas, obteniendo beneficios económicos.
“Se trata de antecedentes de especial gravedad, cuyas eventuales responsabilidades deben ser determinadas por los organismos competentes”, sostuvo el GORE en su declaración.
La institución informó que, una vez conocidos antecedentes que podían dar cuenta de irregularidades, puso la información a disposición del Ministerio Público e instruyó procedimientos administrativos. Añadió que implementó una nueva Unidad de Rendiciones, conformó instancias especiales de revisión y adoptó medidas destinadas a evitar que eventuales irregularidades pudieran consolidarse mediante la aprobación de rendiciones o la transferencia de recursos.
El Gobierno Regional señaló, además, que ha desarrollado acciones relacionadas con las garantías, la recuperación de recursos y la revisión de los proyectos involucrados.
GORE reconoce debilidades en sus procedimientos
En su declaración, el organismo regional también asumió las observaciones referidas a su propio funcionamiento y reconoció que los informes de Contraloría identificaron falencias en procedimientos institucionales durante el periodo examinado.
“Los informes de Contraloría identifican debilidades en determinados procedimientos de control, supervisión y revisión institucional durante el periodo observado”, señaló.
El GORE indicó que la magnitud alcanzada por estos fondos, el número de organizaciones e iniciativas financiadas y las capacidades disponibles para efectuar fiscalizaciones presenciales sistemáticas forman parte del contexto en que ocurrieron las situaciones observadas, aunque enfatizó que aquello “no constituye una excusa”.
Según la declaración, a partir de estos antecedentes se determinó fortalecer los procedimientos asociados a la entrega y fiscalización de recursos regionales. Entre las materias mencionadas están mayores controles sobre intermediarios, revisión de proveedores y precios, supervisión de la ejecución de iniciativas, trazabilidad de gastos, control de eventuales duplicidades de financiamiento y mayores exigencias en las rendiciones de cuentas.
Proyecto vinculado a Banda La Teruka
El Gobierno Regional también se refirió específicamente al proyecto asociado a la Banda La Teruka y a la personalidad jurídica de Surcultura, que presentó la iniciativa.
Según informó el GORE, durante el proceso de rendición se detectaron inconsistencias que fueron observadas por la propia institución, por lo que la rendición finalmente no fue aprobada. Añadió que actualmente se encuentra demandando a Surcultura.
La declaración agrega que, posteriormente, al conocerse nuevos antecedentes relacionados con una eventual adulteración documental, el Gobierno Regional presentó denuncias ante el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.
En el documento, la institución sostuvo que su deber es distinguir las responsabilidades, colaborar con las investigaciones, recuperar los recursos públicos cuando corresponda y corregir las debilidades institucionales detectadas.
“Decimos con claridad, que ni el Gobierno Regional, ni sus funcionarios han utilizado fondos para beneficio personal, ya que son recursos transferidos a las organizaciones sociales vía concurso público y sujeto a rendiciones”, afirmó el organismo.
Finalmente, el GORE indicó que corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar eventuales responsabilidades de personas que pudieran haber actuado fraudulentamente para obtener beneficios indebidos con estos recursos, mientras que la institución deberá corregir y fortalecer los procedimientos que presentaron deficiencias.
