Desde la biología, la memoria comprende los procesos neuronales que permiten codificar, consolidar y evocar información y experiencias. Desde la filosofía, deja de ser un mecanismo y se convierte en una facultad constitutiva de la identidad. Y desde los derechos humanos, se vincula con los deberes estatales de verdad, investigación, reparación y garantías de no repetición. La memoria histórica no es, por tanto, un adorno cultural: es una forma de preservar el registro de las violaciones a los derechos humanos y una condición para impedir que vuelvan a ocurrir.

Por eso, desactivar institucionalmente la memoria tiene consecuencias jurídicas, políticas y simbólicas. No se trata solamente de dejar de organizar una ceremonia. También se trata de decidir qué lugar ocupa el pasado en el relato democrático del país.

En la región de Los Ríos, a raíz de un nuevo 11 de septiembre, se realizaron numerosas actividades conmemorativas. Durante la semana hubo foros y seminarios en distintas facultades de la Universidad Austral de Chile y se llevó a cabo el tradicional homenaje junto al monolito del campus Isla Teja, donde están inscritos los nombres de estudiantes, académicos y miembros de esa comunidad que fueron ejecutados políticos o víctimas de desaparición forzada después del golpe de Estado de 1973.

El mismo 11 de septiembre, coincidiendo con la visita oficial del presidente a la región, se realizó un acto que reunió a autoridades y ciudadanos. Posteriormente, las agrupaciones de derechos humanos de Los Ríos convocaron a una marcha pacífica desde la Casa de la Memoria de Valdivia hasta el Cementerio General N.º 1 y durante la tarde, la Municipalidad de Valdivia entregó en comodato la escultura “Karhuai Messenger” a la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Valdivia, obra que será emplazada en el largamente esperado memorial dedicado a Víctor Hugo Carreño.

Al caer la noche, las velatones realizadas en distintos puntos de la región mantuvieron viva la memoria de Huachocopihue, la Corvi, Isla Teja, Neltume, Lanco, Liquiñe, Chihuío, Lago Ranco y tantos otros lugares. La jornada dejó una evidencia clara: mientras el Ejecutivo decidió no organizar un acto oficial, la sociedad civil, las universidades, las comunidades religiosas, las organizaciones sindicales y las agrupaciones de derechos humanos siguieron haciendo el trabajo de memoria.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que La Moneda decide no montar ningún acto oficial para el aniversario del golpe. Kast había adelantado la decisión semanas antes y en Los Ríos dijo que, como presidente de la República, su tarea es velar por las políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los chilenos. Sostuvo que la historia no se puede borrar, aunque genere dolores y convicciones distintas y que precisamente por eso no puede pedirle al país que quede condenado por su pasado a no mirar hacia el futuro.

Eligió decirlo en Corral, mientras entregaba el bono de treinta mil pesos por hijo, y remató la idea con una frase que buscaba desplazar el eje de la jornada: que no hay mejor homenaje a la patria que enfrentar en terreno las urgencias de sus compatriotas.

El diputado republicano Luis Sánchez respaldó la decisión de Kast argumentando que el 11 de septiembre “es una fecha que nos divide como chilenos” y que las visiones contrapuestas responden simplemente a “historias familiares distintas”. Para sostenerlo, puso su propio caso al mismo nivel que el de las víctimas de la dictadura: “Habrá gente que tiene familiares detenidos desaparecidos; yo, personalmente, tengo familiares que fueron víctimas de la reforma agraria”, concluyendo que “todos tenemos historias en esto”. Tal vez fue una buena idea, visto en retrospectiva por comentarios como el del diputado, no montar un acto oficial en La Moneda, porque la ausencia de relato institucional dejó el vacío abierto para que la propia derecha lo llenara con una bajeza moral de este calibre: equiparar la expropiación de un fundo con la desaparición forzada de personas es, más que una opinión discutible, una forma de negacionismo y su sola existencia pública demuestra que el silencio presidencial no despolitizó la fecha, simplemente trasladó la indecencia de La Moneda a la radio.

La objeción no es que un presidente deba compartir una determinada lectura histórica del quiebre de 1973. En democracia caben distintas interpretaciones sobre sus causas, sus responsabilidades y sus consecuencias. Lo que no puede hacerse sin costo institucional es vaciar deliberadamente ese día de contenido oficial y presentar esa omisión como una simple preocupación por el futuro. Kast tiene derecho a discrepar de la lectura que suele hacerse del 11 de septiembre. Lo que no puede hacer es transformar esa discrepancia en el primer silencio presidencial de la democracia recuperada, mientras la sociedad civil de Los Ríos y del país continúa realizando el trabajo de memoria que el Ejecutivo decidió no asumir.

La memoria, se dijo al principio, nunca es un estado sino un acto. Este 11 de septiembre, las organizaciones y comunidades de Los Ríos realizaron ese acto y el Ejecutivo, por primera vez en democracia, decidió no hacerlo.