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Fiscal Nacional revela que 22 alcaldes y 18 fiscales cuentan con protección por amenazas o agresiones

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó las cifras durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en la Municipalidad de San Bernardo, convocada tras conocerse un plan para atentar contra el alcalde Christopher White. De los 22 jefes comunales que mantienen medidas de resguardo, ocho cuentan con acompañamiento diario de seguridad.

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Un total de 22 alcaldes del país cuenta actualmente con medidas de protección luego de haber recibido amenazas o sufrido agresiones vinculadas al ejercicio de sus cargos, según informó este martes el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La autoridad entregó los antecedentes durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en la Municipalidad de San Bernardo, instancia convocada para analizar las medidas que están adoptando las instituciones frente al avance del crimen organizado, luego de conocerse un plan para atentar contra el alcalde de esa comuna, Christopher White.

En la sesión participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

También estuvieron presentes las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic, junto a los senadores Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Juan Luis Castro, Cristián Vial y Manuel José Ossandón, además del alcalde White y representantes del Ministerio Público y de las policías.

Durante su intervención, Valencia detalló la magnitud de las medidas de resguardo que actualmente mantienen distintas autoridades.

“Estamos hablando de 22 alcaldes que cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo. De ellos 8 cuentan con acompañamiento diario de seguridad (PPI). También hay 18 fiscales con esta protección”, afirmó el fiscal nacional.

Valencia agregó que el Ministerio Público ha adoptado medidas internas frente a este escenario. “Lo peor que podemos hacer es resignarnos. Hemos tomado algunas medidas como es designar un fiscal regional -Marcos Pastén- para investigar denuncias contra autoridades y creamos una unidad de seguridad”, señaló.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, advirtió que las amenazas contra autoridades deben analizarse en un contexto más amplio relacionado con la presencia del crimen organizado en los territorios.

“Hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado”, sostuvo el jefe comunal.

La sesión extraordinaria se desarrolló precisamente después de que se conocieran antecedentes sobre un presunto plan para atentar contra White, situación que llevó a autoridades políticas, policiales y del Ministerio Público a abordar en terreno los mecanismos de protección y las estrategias institucionales frente a organizaciones criminales.

 

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