Durante este lunes se alcanzaron las 62 firmas requeridas para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, destinada a indagar eventuales vínculos entre funcionarios del Gobierno y el consultor político argentino Fernando Cerimedo.
La iniciativa surge en medio de los cuestionamientos formulados desde sectores de oposición respecto de posibles relaciones entre autoridades o funcionarios públicos y cuentas en redes sociales asociadas a estrategias de desinformación. Antecedentes sobre esta materia también fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República.
El diputado José Montalva (PPD), impulsor de la comisión, sostuvo que existen antecedentes que justifican una investigación por parte de la Cámara.
“Tenemos indicios de los vínculos que existen entre algunos personeros del Gobierno y la creación de granjas de bots, deepfakes, fake news, pero además hay un antecedente específico que le da mayor gravedad (a esto), que son los vínculos con Cerimedo”, afirmó.
El parlamentario recalcó que el propósito de la instancia no sería dirigir una investigación contra un determinado sector político, sino esclarecer hechos que, a su juicio, podrían afectar la transparencia de los procesos democráticos.
“Esto no va en contra de un sector político; aquí debiéramos tener todos los diputados una misma mirada frente a la salud de nuestra democracia. Con esto tiene que ver esta Comisión Investigadora, que es poder darle todas las garantías a los ciudadanos de que los procesos electorales están limpios de contaminación digital”, señaló.
La solicitud también se produce luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera conocer a Cerimedo, aunque descartó que el argentino haya trabajado para sus campañas o mantenga actualmente una relación contractual con el Ejecutivo.
“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El Gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, sostuvo el mandatario.
Sobre estas declaraciones, Montalva planteó que deberán ser las instituciones competentes las encargadas de establecer el alcance de cualquier eventual relación.
