El sistema de calificaciones de los funcionarios públicos volvió a quedar bajo cuestionamiento ante la alta concentración de trabajadores que año tras año obtiene la máxima evaluación disponible. Las cifras correspondientes a 2025 muestran que prácticamente la totalidad de los empleados evaluados en el Gobierno Central administrativo fue considerada en la categoría de distinción.
De acuerdo con datos del Servicio Civil, durante ese año fueron evaluados 222.848 funcionarios, sin considerar a trabajadores de los servicios de salud ni de los Servicios Locales de Educación Pública. De ese universo, un 97,4% quedó en lista 1, mientras apenas un 0,03%, correspondiente a 70 personas, fue ubicado en lista 4.
El mecanismo está establecido en el Estatuto Administrativo y contempla cuatro categorías: lista 1, de distinción; lista 2, buena; lista 3, condicional; y lista 4, de eliminación. Los funcionarios de planta y a contrata son sometidos anualmente a este proceso tanto en el Gobierno Central como en las municipalidades.
Las consecuencias de una evaluación negativa pueden ser determinantes para la continuidad laboral. Un funcionario que permanezca durante dos períodos consecutivos en lista 3 debe dejar su cargo, mientras que una calificación en lista 4 habilita su desvinculación inmediata. Las evaluaciones también inciden en materias como ascensos y movilidad dentro de la administración, aunque no están directamente relacionadas con los bonos incorporados a las remuneraciones.
La elevada proporción de funcionarios en la categoría superior no constituye un fenómeno exclusivamente de 2025. En 2024, el 98,5% obtuvo la calificación de distinción y un 0,02% quedó en lista 4. Un año antes, en 2023, el 97,8% fue ubicado en la máxima categoría, mientras que en 2022 esa proporción llegó al 96,1%.
Así, considerando los últimos cuatro años, el promedio de funcionarios calificados en lista 1 alcanza el 97,45%, una concentración que ha generado cuestionamientos respecto de la capacidad del instrumento para establecer diferencias efectivas entre distintos niveles de desempeño.
El funcionamiento del modelo también fue analizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe Public Service Review of Chile, entregado en marzo a la Dirección de Presupuestos (Dipres). El organismo señaló, utilizando cifras disponibles a marzo de 2025, que cerca del 98% de los funcionarios públicos del país era evaluado en la categoría más alta y que aproximadamente la mitad de ellos se encontraba incluso en el extremo superior de la escala.
Según el análisis de la OCDE, una concentración de esta magnitud disminuye la capacidad del sistema para identificar diferencias reales de rendimiento y determinar las necesidades de desarrollo de los trabajadores. Asimismo, puede dificultar la distinción entre un desempeño satisfactorio y uno verdaderamente sobresaliente, además de reducir la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas.
Actualmente existe un marco general aplicable a la administración pública, pero cada servicio dispone de sus propios reglamentos para desarrollar el proceso. La evaluación considera una escala numérica y factores relacionados con resultados y calidad del trabajo, actitud, capacidad de trabajo en equipo, compromiso, conducta y cumplimiento de obligaciones.
