Un revés judicial enfrentó la denominada Operación Cancerbero, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique resolviera que cuatro integrantes del denominado “clan Chen”, quienes habían sido trasladados hasta el penal La Laguna de Talca, sean devueltos a la cárcel de Alto Hospicio.
La medida afecta a Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, imputados por delitos de asociación ilícita y lavado de activos y sindicados como líderes de una organización investigada por el presunto lavado de más de $160 mil millones provenientes de actividades ilícitas.
Según informó Informe Especial de TVN, la determinación del tribunal se sustentó en los antecedentes remitidos por Gendarmería para justificar el traslado, los que no habrían cumplido con el estándar requerido para mantener a los imputados en el nuevo recinto penitenciario de Talca.
Consultado por la resolución, el Ministerio de Justicia señaló que “las políticas de segregación de prisioneros corresponden a Gendarmería, institución que acata las decisiones judiciales, sin perjuicio de las acciones que en derecho pueda ejercer”.
Desde Gendarmería, en tanto, informaron que su unidad jurídica se encuentra evaluando la presentación de acciones legales destinadas a revertir la resolución. El abogado representante de los cuatro imputados declinó efectuar declaraciones sobre la determinación judicial.
Gobierno defiende Operación Cancerbero
La controversia se produce luego del traslado de internos considerados de alta peligrosidad hasta el penal La Laguna de Talca, realizado como parte de la Operación Cancerbero, iniciativa mediante la cual el Gobierno busca reforzar la segregación penitenciaria de personas vinculadas a organizaciones criminales.
Al ser consultado por los recursos presentados por defensores de internos trasladados a La Laguna, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el procedimiento y sostuvo que “la Operación Cancerbero fue un éxito”.
El secretario de Estado recalcó además las atribuciones que, de acuerdo con el Ejecutivo, posee la autoridad penitenciaria para determinar el recinto en que debe permanecer cada persona privada de libertad.
“Lo relevante es entender que es el director de Gendarmería quien dispone de las facultades legales y reglamentarias para segmentar y disponer qué imputado y qué condenado se va a encontrar en cada uno de los penales. Esta es una cuestión de seguridad y de enfrentamiento al crimen organizado y al terrorismo”, afirmó Rabat.
El ministro agregó que “en La Laguna hoy hay reos de alta peligrosidad y, por lo tanto, lo que pedimos como Gobierno es que se respeten las facultades del director de Gendarmería al momento de perfilar a los criminales y al momento de segmentar en cada centro penitenciario quién debe encontrarse ocupando aquel lugar”.
Rabat señaló que desconocía los antecedentes de un recurso de amparo específico, pero insistió en la posición del Ejecutivo respecto de las atribuciones de Gendarmería.
“Lo que sí conozco es la legislación vigente. Y en la legislación vigente, quien determina quién va a ocupar un lugar en un centro penitenciario es el director de Gendarmería. Y aborda distintas cuestiones de orden técnico, de segmentación, de peligrosidad. Y eso es muy importante dejarlo establecido”, sostuvo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también abordó específicamente la resolución relacionada con el “clan Chen” y vinculó el caso con la reforma que impulsa el Gobierno en materia de crimen organizado y terrorismo.
“Precisamente, nosotros dentro de los puntos que buscamos en la reforma que hemos presentado es uno, tener un listado de organizaciones criminales y terroristas; segundo, blindar el sistema penitenciario en cuanto a que las normas penitenciarias para estas personas condenadas por crimen organizado y terrorismo sean duras y sean irreversibles”, señaló.
Arrau agregó que “lo que vemos es que ya hay personas que fueron trasladadas a máxima seguridad al recinto de La Laguna en Talca y que han presentado recursos para ser devueltos a otros recintos, (…) con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”.
La resolución del Juzgado de Garantía de Iquique obliga, de esta manera, al retorno de los cuatro imputados a Alto Hospicio, mientras Gendarmería analiza las acciones jurídicas que podría ejercer para intentar revertir la determinación.
