Más de 80 funcionarios de la Policía de Investigaciones participaron en un amplio operativo desarrollado en el marco de la indagatoria por presuntas irregularidades y hechos de corrupción vinculados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.
Las diligencias contemplaron allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo oficinas de Junaeb, dependencias del Congreso Nacional y domicilios de personas relacionadas con la investigación.
El prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, explicó que el despliegue policial se realizó “en diferentes comunas de la región Metropolitana, y también en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique”.
Como resultado de los procedimientos, agregó Castro, se concretó “la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia”. El jefe policial precisó, además, que hasta el momento no se registran personas detenidas por esta investigación.
Entre las especies que habrían sido incautadas se encuentran, de acuerdo con los antecedentes conocidos, los teléfonos celulares de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS). Consultado específicamente por ambos parlamentarios, Castro evitó individualizar las especies requisadas y señaló que “dentro de las diligencias que se efectuaron, se realizaron las incautaciones de teléfonos, dispositivos, de diferentes personas que están involucradas en esta investigación”.
Otro actor del mundo político indagado en la causa es el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, quien negó cualquier vinculación con los delitos que investiga el Ministerio Público.
La investigación también alcanza a personas que ocuparon cargos relevantes en Junaeb durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Entre los domicilios cuyo allanamiento fue autorizado por la justicia se encuentra el de la exdirectora nacional del organismo Camila Rubio, además de inmuebles vinculados a exjefaturas y exfuncionarios que tuvieron responsabilidades en el Programa de Alimentación Escolar durante el período investigado.
El prefecto Castro indicó que los procedimientos fueron ejecutados en virtud de “una orden del 4.º Juzgado de Garantía que permitía la incautación, la entrada y registro de algunos domicilios”.
La investigación es encabezada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien sostuvo que las diligencias resultaban relevantes para una causa en la que se indagan diversos ilícitos asociados a las licitaciones del PAE.
La persecutora señaló que la investigación tiene relación con “varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb”.
Respecto de la extensión territorial de los hechos investigados, Encina sostuvo que estos habrían ocurrido “principalmente en la región de O’Higgins; sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”.
La fiscal calificó la jornada como “exitosa” y aseguró que “logramos obtener todos los medios que necesitábamos”. No obstante, explicó que la causa permanece bajo reserva, por lo que evitó entregar mayores antecedentes sobre la dinámica de los hechos y las personas investigadas.
Una vez analizados los dispositivos, documentos y demás antecedentes incautados, el Ministerio Público deberá determinar los próximos pasos de la investigación, entre ellos eventuales formalizaciones o solicitudes de desafuero.
Consultada por la situación de los senadores involucrados en las diligencias, Encina señaló que su eventual participación podría “enmarcarse en varios delitos de cohecho”, aunque declinó entregar mayores detalles debido al carácter reservado de la causa.
La investigación indaga una presunta trama que habría favorecido a la empresa SOSER en procesos relacionados con la alimentación escolar. Entre las irregularidades bajo investigación figuran supuestas raciones infladas, certificados falsos, registros adulterados y eventuales sobornos a funcionarios para acceder a información reservada y obtener ventajas en procesos de licitación.
La causa involucra, en distintos grados y bajo hechos que aún son materia de investigación, a exfuncionarios y exjefaturas de Junaeb, ejecutivos de SOSER y actores del mundo político. Será el avance de las diligencias el que deberá establecer las eventuales responsabilidades penales de cada una de las personas indagadas.
Por su parte, el director de Junaeb, Fernando Peña, aseguró que la investigación tuvo su origen en una denuncia presentada por la propia institución y mencionó entre las personas involucradas al exjefe jurídico Alejandro Layseca y a la exdirectora Camila Rubio.
