La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de revisar la actuación del Estado frente a los hechos de violencia registrados a partir del 18 de octubre de 2019 aprobó por ocho votos contra cuatro su informe final, tras una investigación que abarcó acontecimientos ocurridos hasta el 11 de marzo de 2026.
La propuesta fue respaldada por Enrique Bassaletti, Sergio Bobadilla, Hans Marowski, Cristóbal Martínez, Javier Olivares, Francisco Orrego, Alejandro Riquelme y Javiera Rodríguez. En contra votaron Jorge Díaz, Daniel Manouchehri, Lorena Pizarro y Consuelo Veloso.
La instancia, presidida por el diputado libertario Hans Marowski y constituida en mayo por iniciativa del Partido Nacional Libertario (PNL), tuvo entre sus objetivos revisar las acciones desplegadas por distintos organismos del Estado para prevenir, contener y controlar los hechos de violencia, además de recabar antecedentes respecto de eventuales autores, cómplices o instigadores.
Precisamente sobre este último punto, el informe no establece una conclusión que permita identificar personas, agrupaciones u organizaciones como responsables de la violencia registrada durante el denominado Estallido Social.
“Desde la perspectiva de quienes asistieron a la Comisión Investigadora, se evidencian variadas hipótesis respecto a los responsables e instigadores de los actos de violencia ocurridos en 2019 y con posterioridad”, consigna el documento. Sin embargo, esas hipótesis no derivan en la individualización de responsables en sus conclusiones.
El informe concentra buena parte de sus cuestionamientos en la capacidad que tenía el Estado para anticipar y responder a la crisis. A partir de los antecedentes recopilados, sostiene que existió como “falla común” una insuficiente capacidad preventiva y la ausencia de “un sistema de inteligencia robusto y coordinado”, situación que habría dejado al país sin herramientas adecuadas para anticiparse a acontecimientos que afectaran su funcionamiento normal.
Entre los antecedentes citados se encuentra una respuesta del Ministerio Público sobre la coordinación de fiscales con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Según el informe, no se realizaron intercambios de antecedentes ni información con dicho organismo, lo que para la comisión evidencia que, frente a hechos masivos y concentrados de violencia, el Estado carecía de un adecuado traspaso de información que pudiera servir posteriormente para las investigaciones penales.
Los cuestionamientos al gobierno de Piñera
Al abordar directamente la actuación estatal durante el periodo iniciado en octubre de 2019, el informe aprobado adopta una posición particularmente crítica respecto del gobierno encabezado entonces por Sebastián Piñera.
El documento sostiene que durante el desarrollo de la crisis no existía “un sistema de inteligencia debidamente coordinado y concentrado”, sino distintas instituciones que no compartían información entre sí, dificultando la toma de decisiones. Añade que el país tampoco contaba con un adecuado desarrollo normativo respecto de infraestructura crítica ni con reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia registrado en distintos puntos del territorio.
Las conclusiones van más allá y sostienen que determinadas zonas del país, algunas consideradas críticas, habrían sido “abandonadas por el Estado”, mientras grupos violentos desarrollaban acciones de destrucción, saqueo y alteración del orden público.
A partir de esos antecedentes, la comisión afirma que “se evidencian excesivos incumplimientos del Gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes”, agregando que la protección y reparación de las víctimas constituye un deber de cualquier administración.
El informe también dimensiona parte de los daños registrados durante el Estallido Social. Sobre la base de información proporcionada por Metro S.A., consigna que de las 136 estaciones existentes en 2019, 77 presentaron daños y 20 fueron incendiadas. De estas últimas, seis resultaron completamente incendiadas y 14 parcialmente afectadas, mientras que la estimación preliminar de los daños por destrozos alcanzaba al menos los US$200 millones.
La comisión extendió además su análisis a hechos posteriores a 2019, incluyendo atentados contra infraestructura eléctrica y episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales, entre ellos el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA).
Informe también cuestiona al INDH
Otra de las áreas donde el informe plantea modificaciones relevantes es el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entre sus 14 recomendaciones, la comisión propone modificar la Ley N°20.405 para exigir que los informes, comunicados y pronunciamientos del INDH distingan entre “hechos verificados, denuncias, testimonios, hipótesis y opiniones”, además de identificar sus fuentes y metodología.
El documento plantea igualmente establecer una rectificación obligatoria cuando el organismo difunda información que sea “objetiva, sustancial y comprobadamente falsa”.
La propuesta más sustantiva, sin embargo, apunta directamente a las atribuciones judiciales del instituto. El informe recomienda “revisar las facultades del Instituto de Derechos Humanos, de manera de que sea un órgano consultivo sobre la materia, y no con la capacidad de entablar querellas”, argumentando que dicha facultad estaría contemplada en el ordenamiento jurídico para un organismo diferente y especializado.
El documento recoge en este ámbito la exposición realizada ante la comisión por el abogado penalista Jorge Martínez, quien participó en la defensa de funcionarios de Carabineros procesados por situaciones relacionadas con el 18 de octubre. Martínez cuestionó tanto las atribuciones judiciales del INDH como aspectos de la legislación sobre apremios ilegítimos.
En esa misma línea, otra de las recomendaciones aprobadas plantea revisar y reformar el artículo 150 D del Código Penal, mientras que también se propone continuar fortaleciendo el respaldo jurídico de Carabineros, considerando el restablecimiento en 2022 de la defensa penal institucional de sus funcionarios.
Inteligencia, uso de la fuerza y víctimas
El informe incorpora además propuestas destinadas a modificar la respuesta institucional ante futuras crisis. Entre ellas se encuentra perfeccionar los mecanismos de coordinación, intercambio y análisis de información entre los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado, el Ministerio Público y las instituciones encargadas de proteger infraestructura crítica.
También recomienda dictar reglas de uso de la fuerza para las instituciones de orden y seguridad pública y las Fuerzas Armadas desplegadas bajo estados de excepción constitucional, además de evaluar una reforma constitucional destinada a precisar el rol consultivo y de asesoría del Consejo de Seguridad Nacional frente a situaciones que puedan comprometer gravemente la seguridad nacional.
En materia de violencia escolar, la comisión plantea crear un protocolo especial para hechos graves en establecimientos educacionales, coordinado entre las policías, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y las municipalidades.
Finalmente, el documento propone acelerar la implementación del programa “Chile te defiende” para víctimas de delitos violentos, establecer mecanismos para exigir la colaboración de organismos públicos con futuras comisiones investigadoras y crear procedimientos de seguimiento para conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de estas instancias parlamentarias.
Revisa el informe final aprobado por la comisión:
