Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros detectó una serie de irregularidades en la contratación de abogados que ejercían funciones como oficiales de justicia, entre ellas el pago de más de $1.944 millones a 36 funcionarios que mantenían una doble contratación para desempeñar las mismas labores.
La investigación se centró en verificar el cumplimiento de las jornadas laborales durante 2024 de los oficiales de justicia y de aquellos funcionarios contratados adicionalmente mediante la modalidad de Contrato por Resolución (CPR), mecanismo destinado a cubrir funciones transitorias.
Según el informe, un total de 144 abogados cumplían funciones como oficiales de justicia en Carabineros durante el período auditado, percibiendo en conjunto remuneraciones superiores a $5.540 millones. De ese total, 36 funcionarios mantenían además un segundo contrato CPR de 22 horas semanales, por el cual recibieron en conjunto más de $1.944 millones.
Al respecto, la Contraloría indicó que «se identificó que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, situación que contraviene la normativa y jurisprudencia vigente».
El organismo fiscalizador agregó que, tras revisar los antecedentes, verificó que los funcionarios desarrollaban exactamente las mismas tareas bajo ambos contratos.
«La Contraloría verificó que estos funcionarios desarrollaban las mismas tareas en ambos contratos, pese a que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas», señala el informe.
Falencias en el control de asistencia
La auditoría también detectó debilidades en los mecanismos de control de la jornada laboral. De los 36 funcionarios con doble contratación, 23 no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, por lo que no fue posible acreditar que cumplieran efectivamente las jornadas por las cuales recibían remuneraciones.
Además, la investigación estableció que cinco de esos 36 funcionarios emitieron durante 2024 boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones.
Asimismo, de los 144 oficiales de justicia existentes en la institución, 23 emitieron boletas de honorarios por más de $434 millones por actividades remuneradas ajenas a Carabineros.
Respecto de este punto, la Contraloría precisó que desarrollar actividades adicionales no constituye necesariamente una infracción. Sin embargo, advirtió que «si bien contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción, la falta de registros de asistencia impide determinar con certeza si esas actividades fueron desarrolladas fuera del horario que debían cumplir como funcionarios públicos».
Acciones de la Contraloría
Como resultado de los hallazgos, la Contraloría anunció que presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas, con el objetivo de obtener la restitución de los recursos observados mediante un reparo.
Paralelamente, Carabineros deberá informar al organismo fiscalizador los resultados de la investigación disciplinaria que inició para establecer eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
