El Juzgado de Garantía de Valdivia condenó a Oriana Paola Segovia Casas por el delito de amenazas contra un fiscal del Ministerio Público y, además, la sentenció junto a su hijo, Víctor Daniel Ortega Segovia, por diversos delitos relacionados con la tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, en una resolución cuyas penas impuestas superan los siete años de presidio para cada uno de los condenados.
La sentencia fue dictada por el magistrado Fabián Duffau García en un procedimiento abreviado. En el caso de Segovia Casas, el tribunal le impuso una pena de 41 días de presidio efectivo por el delito consumado de amenazas a un fiscal del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, madre e hijo fueron condenados a tres años y un día de presidio efectivo como autores del delito de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas. A ello se suman tres penas de 541 días de presidio por los delitos de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego, tenencia de un arma adaptable o transformable para el disparo y tenencia de explosivos y otros artefactos sujetos a autorización legal.
Además, ambos recibieron dos penas de 61 días de presidio por la tenencia ilegal de municiones y de sustancias químicas destinadas a la fabricación de explosivos. Junto con las penas privativas de libertad, el tribunal decretó las inhabilidades legales correspondientes para ejercer cargos u oficios públicos y derechos políticos, según la naturaleza de cada delito.
Afiches con amenazas contra un fiscal
El tribunal dio por acreditado que aproximadamente a las 18:15 horas del 8 de octubre de 2025, en el contexto de una manifestación realizada en Valdivia por la desaparición de la comunera Julia Chuñil, Oriana Paola Segovia Casas instaló en la vía pública afiches con la fotografía y el nombre del fiscal adjunto Jaime Caifil Cárdenas.
Los carteles contenían la frase «Se busca vivo o muerto» y, en su parte inferior, el texto: «Cómplice y encubridor del asesino de tierras ancestrales Juan Carlos Morstad Anuer. Papá Julia Chuñil, Catricura y Cholito presentes. La MAPU tomará venganza».
Estos antecedentes fueron considerados suficientes por el tribunal para acreditar, más allá de toda duda razonable, el delito consumado de amenazas contra un fiscal del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
Hallazgo de armas, explosivos y municiones
El segundo hecho corresponde al procedimiento efectuado el 30 de octubre de 2025, cuando detectives de la Policía de Investigaciones ejecutaron una orden de entrada y registro en un inmueble ubicado en el sector Los Molinos Alto, en la comuna de Valdivia.
Durante la diligencia, los funcionarios encontraron a Oriana Paola Segovia Casas y a Víctor Daniel Ortega Segovia en posesión de dos armas de fuego de fabricación artesanal, un revólver, una pistola a fogueo, cartuchos de escopeta, municiones de distintos calibres, tres cargadores de pistolas, pólvora, mechas unidas a tubos metálicos, una granada de humo de origen industrial y otros elementos cuya tenencia está regulada por la Ley de Control de Armas y Explosivos.
Registro de ADN
Finalmente, el tribunal ordenó que, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se proceda a la toma de muestras biológicas de ambos condenados para determinar sus respectivas huellas genéticas e incorporarlas al Registro Nacional de ADN de Condenados.
