Un extenso análisis publicado por El Mostrador, elaborado por el periodista Andrés Cárdenas Guzmán, cuestionó la interpretación que predominó durante las últimas semanas respecto del caso de los niños haitianos y sostuvo que los antecedentes contenidos en el preinforme reservado N.º 541 de la Contraloría General de la República apuntan a graves deficiencias administrativas y de coordinación estatal, más que a la existencia de una red de tráfico de menores.
Según expone la publicación, el documento de 70 páginas, fechado el 14 de abril de 2026 y dedicado al proceso de ingreso de niños haitianos al país, identifica observaciones relacionadas con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre ellas, se mencionan problemas en el cruce de bases de datos, ausencia de protocolos formales de coordinación y deficiencias en el seguimiento de los menores una vez ingresados al territorio nacional.
Uno de los principales planteamientos del análisis es que el informe de Contraloría no contiene referencias a una red de tráfico de niños como conclusión de la auditoría realizada. De acuerdo con la publicación, el documento se concentra en establecer responsabilidades administrativas y detectar falencias institucionales en la supervisión de los procesos de reunificación familiar.
El artículo también revisa el origen de la controversia generada tras la difusión de antecedentes que apuntaban a más de 200 niños haitianos supuestamente desaparecidos o sin paradero conocido. Según explica Cárdenas Guzmán, la auditoría de Contraloría consideró una muestra de 105 menores, de los cuales 41 fueron ubicados durante las visitas realizadas en terreno, mientras que otros 64 no pudieron ser encontrados en esa primera fiscalización.
Sin embargo, el análisis sostiene que esos 64 casos no correspondían necesariamente a menores desaparecidos. Citando antecedentes contenidos en los anexos del informe, la publicación detalla que en numerosos casos las familias se habían cambiado de domicilio, los vecinos desconocían a los ocupantes, las personas no se encontraban en sus viviendas al momento de la visita o existían problemas con las direcciones registradas. Asimismo, se menciona que solo uno de los casos correspondía a una denuncia por presunta desaparición presentada por el propio padre de una menor.
El texto agrega que, posteriormente, distintos organismos públicos realizaron nuevas verificaciones utilizando registros escolares, antecedentes de salud y bases de datos municipales, logrando ubicar a gran parte de los menores que inicialmente no habían sido encontrados. Según la publicación, varios de ellos se encontraban matriculados en establecimientos educacionales, inscritos en el sistema público de salud y viviendo junto a familiares o tutores.
Otro de los aspectos abordados por el análisis corresponde a los vuelos chárter utilizados para concretar procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos. De acuerdo con los antecedentes revisados por El Mostrador, el informe de Contraloría verificó que los vuelos examinados contaban con las autorizaciones correspondientes emitidas por las autoridades aeronáuticas y que los pasajeros ingresaron al país con documentación migratoria formalmente tramitada.
La publicación también analiza la cifra que generó especial atención pública respecto de 486 menores que habrían ingresado acompañados por solo 12 adultos. Según el artículo, esa estadística correspondería al total de niños trasladados por un mismo grupo de personas durante distintos viajes efectuados a lo largo de un período de aproximadamente dos años, en el marco de procesos de reunificación familiar respaldados por autorizaciones y poderes otorgados por los padres o tutores.
En ese contexto, el análisis incorpora declaraciones del abogado haitiano Renaud Desir, quien sostiene que los procedimientos asociados a la reunificación familiar generan una importante trazabilidad documental. Según señala el profesional, la existencia de autorizaciones, registros migratorios y padres o familiares identificados dificulta la realización de operaciones masivas de tráfico de menores sin dejar antecedentes verificables.
Asimismo, Desir plantea que hasta ahora no se han conocido denuncias de padres que afirmen que sus hijos nunca llegaron a destino, elemento que, a su juicio, debilitaría la hipótesis de una red de tráfico infantil de gran escala.
Respecto de la actuación del Gobierno, el análisis recuerda declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien afirmó que no existen antecedentes que permitan sostener la existencia de una red de tráfico de niños ni de otras hipótesis que circularon durante los días posteriores a la difusión del informe. La publicación destaca además que el secretario de Estado calificó la situación como un problema asociado a una deficiente política pública y a fallas de coordinación institucional.
El artículo también aborda la reacción de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien reconoció la necesidad de mejorar los mecanismos de seguimiento y coordinación del Estado frente a este tipo de procesos migratorios, mientras continuaban las labores para ubicar a los menores inicialmente observados por la auditoría.
Finalmente, Andrés Cárdenas Guzmán sostiene que el principal hallazgo del preinforme de Contraloría radica en la existencia de brechas de coordinación entre organismos públicos responsables del seguimiento de los procesos de reunificación familiar. En esa línea, concluye que el documento describe un problema de gestión estatal y control administrativo, cuestionando la interpretación que vinculó inicialmente el caso con la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de menores.
