El Gobierno, a través de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, luego de detectar presuntas irregularidades financieras y administrativas derivadas de auditorías internas realizadas por el organismo.
La acción fue ingresada este miércoles por el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. Según señalaron desde el Ejecutivo, se trata de una de las primeras ofensivas judiciales impulsadas por el actual Gobierno a partir de revisiones internas efectuadas tras el cambio de administración.
De acuerdo con los antecedentes entregados, uno de los principales focos de la denuncia apunta al eventual pago de cerca de $14 mil millones por raciones alimenticias y servicios de once que no habrían sido entregados a estudiantes, situación detectada principalmente en tres unidades territoriales de la región de O’Higgins.
Sobre ello, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, sostuvo que se detectaron “pagos por onces que no se entregaron (…) y modificaciones de contrato sin toma de razones, circunstancia que se debió haber hecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos”.
Según la denuncia, dichos servicios fueron contratados de manera directa con la empresa Soser.
El segundo eje de la presentación involucra a un exasesor jurídico de la institución, quien ejerció funciones entre 2018 y 2022. De acuerdo con el libelo, el funcionario habría participado en la visación y modificación de contratos para aumentar los montos por ración sin contar con el control obligatorio de la Contraloría, favoreciendo presuntamente a empresas privadas.
La denuncia agrega que, tras dejar la institución pública en 2022, el exfuncionario pasó a desempeñar funciones gerenciales estratégicas en la empresa Soser, situación que —según Junaeb— podría configurar eventuales responsabilidades penales que deberán ser investigadas por la Fiscalía.
Desde la administración anterior, en tanto, rechazaron los cuestionamientos. La exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, aseguró que las acusaciones corresponden a contratos originados antes del inicio de su gestión.
“Las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera”, afirmó Rubio, agregando que “estos no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los 3.500 millones por las 30 raciones, auditó todo el período de contrato y sus pagos”.
La exautoridad además sostuvo que la ofensiva judicial tendría relación con eventuales ajustes presupuestarios que la actual administración busca implementar en Junaeb y el Ministerio de Educación.
Desde el organismo indicaron que las investigaciones aún se encuentran en una etapa preliminar y no descartaron la presentación de nuevas acciones judiciales o administrativas conforme avancen las auditorías en desarrollo.
