En medio de la discusión de la denominada megarreforma económica del Gobierno, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles una indicación que establece la Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio eliminando las restricciones actuales vinculadas al número de trabajadoras contratadas por una empresa.
La disposición fue aprobada por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, en una votación marcada por un intenso debate entre el oficialismo y la oposición. La norma avanzó pese a no formar parte original del proyecto impulsado por el Ejecutivo y ahora deberá continuar su tramitación en el Senado junto al resto de la reforma.
Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a la diputada UDI Constanza Hube, presentó una reserva de constitucionalidad, abriendo la posibilidad de que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo aprobado.
Durante la sesión, el secretario de Estado sostuvo que la indicación vulnera atribuciones exclusivas del Ejecutivo en materia presupuestaria. “El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, afirmó.
La propuesta aprobada modifica el sistema actual de acceso a sala cuna, eliminando la obligación exclusiva para empresas con 20 o más trabajadoras mujeres y estableciendo el beneficio para todas las personas trabajadoras con hijos menores de dos años. Además, incorpora a trabajadores independientes y a quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña mediante resolución judicial.
El financiamiento del sistema se realizaría a través de un Fondo de Sala Cuna administrado por el Instituto de Previsión Social y el Servicio de Tesorerías. Este mecanismo sería financiado principalmente mediante una cotización obligatoria equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador, además de aportes fiscales, multas y rentabilidad de las inversiones del fondo.
El texto también establece que los recursos serán transferidos directamente a salas cuna con reconocimiento oficial del Estado, incorporando normas de fiscalización y sanciones en caso de uso indebido de los aportes.
Respecto a eventuales fraudes, la iniciativa señala que “todo aquel que, con el objeto de percibir aportes indebidos del Fondo, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal”.
Asimismo, se establece que quienes obtengan recursos de manera indebida deberán restituir los montos reajustados conforme a la variación del IPC.
La implementación del beneficio sería gradual. Durante el primer año de vigencia de la ley, la cobertura comenzaría para mujeres trabajadoras y personas con cuidado personal exclusivo de menores de dos años. Desde el segundo año, el derecho se extendería al resto de las personas trabajadoras.
El debate sobre Sala Cuna Universal también reabrió declaraciones previas del Presidente José Antonio Kast, quien durante la campaña y tras su elección manifestó su respaldo a avanzar hacia un sistema universal financiado por el Estado. En marzo de este año, en entrevista con Canal 13, señaló que “para nosotros el tema de la sala cuna es fundamental” y agregó que “nosotros lo que queremos es sala cuna universal con cargo al Estado, no al empleador”.
Pese a la controversia generada por este punto, la megarreforma avanzó al Senado manteniendo sus principales ejes, entre ellos la rebaja del impuesto corporativo y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años.
