Equipos técnicos, trabajadores activos y extrabajadores del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) ingresaron este jueves una carta dirigida a la ministra de Salud, May Chomalí, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, en la que solicitan reconsiderar la recomendación técnica emitida por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda que plantea descontinuar el financiamiento y la operatividad del programa.
En el documento, los firmantes sostienen que PRAIS no constituye un gasto discrecional del Estado, sino una política reparatoria derivada de la responsabilidad estatal frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Según se indica en la carta, el programa ejecutó más de 8.315 millones de pesos durante el último ejercicio presupuestario.
Los equipos argumentan que la eventual eliminación del programa no puede resolverse únicamente mediante una glosa presupuestaria, debido a que su funcionamiento estaría respaldado por distintas normativas y leyes reparatorias vigentes, entre ellas la Ley 19.980, además de normas técnicas del propio Ministerio de Salud.
Asimismo, el texto advierte que Chile mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con la reparación integral de las víctimas. En esa línea, sostienen que poner término al programa podría constituir “un acto de regresividad en derechos humanos, prohibido por el derecho internacional”.
La carta también aborda las posibles consecuencias clínicas y sanitarias que implicaría la descontinuación de PRAIS. Entre ellas, los equipos mencionan riesgos de revictimización de usuarios, interrupción de procesos terapéuticos y pérdida de capacidades especializadas desarrolladas durante más de tres décadas de funcionamiento.
De igual forma, advierten que el eventual cierre del programa podría aumentar la presión sobre la Atención Primaria de Salud y hospitales generales, al trasladar la atención de usuarios actualmente tratados por equipos especializados.
En el tramo final de la declaración, los trabajadores señalan que “la austeridad fiscal es un principio válido de administración, pero nunca puede ser esgrimida para desmantelar la arquitectura de los derechos humanos”, cuestionando que programas de alta sensibilidad social sean evaluados bajo una lógica exclusivamente presupuestaria.
Finalmente, solicitaron al Ministerio de Salud intervenir para revertir la recomendación y garantizar la continuidad y fortalecimiento de PRAIS, afirmando que “un país que descontinúa su memoria y su reparación es un país que arriesga la repetición de sus dolores”.
La carta fue suscrita por equipos PRAIS de distintas regiones del país, incluyendo Los Ríos, Osorno, Magallanes, Atacama, Araucanía, Biobío y la Región Metropolitana, además de profesionales y extrabajadores vinculados históricamente al programa.
