Mediante un comunicado público fechado el 15 de abril de 2026, comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales Mapuche-Williche denunciaron una grave agresión ocurrida durante un funeral en el Cementerio Ancestral de Maihue Carimallin, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.
Según el documento, los hechos se registraron cerca de las 12:30 horas, cuando la familia de Jaime Javier Uribe Montiel —encabezada por su viuda, la machi Millaray Huichalaf— junto a comunidades y autoridades ancestrales, acudieron al lugar para realizar la sepultura. En ese contexto, acusan que la comitiva fue interceptada por un grupo de aproximadamente 20 personas que bloqueó el acceso.
De acuerdo con lo señalado en el comunicado, “la comitiva fúnebre fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas que impedían el acceso al cementerio con vehículos”, agregando que varios de ellos estaban “encapuchados, en evidente estado de ebriedad, y armados con palos, fierros, motosierras y hachas”.
Las comunidades denunciaron que se produjeron agresiones físicas contra los asistentes y animales, dejando “varias personas heridas, incluyendo lesiones graves con traumatismos encefalocraneanos abiertos en tres familiares del difunto”. Asimismo, afirmaron que los hechos ocurrieron en presencia de niños, niñas y adultos mayores, lo que calificaron como una situación de “extrema violencia y peligro”.
El comunicado también advierte que durante el ataque “los agresores profirieron amenazas de muerte directas” y que incluso habrían amenazado con profanar la tumba del fallecido, lo que —según señalaron— “intensificó el clima de terror y vulnerabilidad”.
En el texto, las organizaciones sostienen que estos hechos no serían aislados, indicando que en días previos ya existían intentos de impedir el entierro. En esa línea, afirman que el 14 de abril presentaron una carta ante la Seremi de Seguridad Pública de Los Ríos, sin obtener respuesta, lo que —a su juicio— “generó las condiciones para que los agresores actuaran en la más absoluta impunidad”.
Además, en el comunicado se vincula a los presuntos agresores con organizaciones que —según indican— reciben financiamiento de la empresa Statkraft, apuntando que “la violencia es ejercida por los grupos financiados por Statkraft”, acusación que forma parte de una serie de cuestionamientos hacia la compañía en el marco del conflicto territorial en la zona.
Asimismo, señalan que la presencia en el lugar del abogado Branislav Marelic “no fue casual”, afirmando que “llegó claramente informado de lo que ocurriría y preparado para actuar”, lo que, a su juicio, evidenciaría una acción coordinada.
Las comunidades también denunciaron un contexto más amplio de conflictividad, señalando que en el territorio se han instalado “discursos de odio y racismo” que afectan particularmente a la machi Millaray Huichalaf y a quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén.
El comunicado es suscrito por la familia de Jaime Javier Uribe Montiel, la Asociación de Comunidades de Río Bueno (Wenuleufu), el Consejo Comunal Mapuche de La Unión, el Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü y diversas comunidades del territorio, entre ellas Leufu Pilmaiquén, Coyan Ke Che, Rupu Lafken, Trumau y Dagllipulli, además de autoridades ancestrales como la lonko de Puyehue, Norma Vargas Queulo.
Finalmente, en el comunicado condenaron los hechos, señalando que “agredir con armas a personas durante un funeral (…) transgrede los principios más elementales de la dignidad humana”, y formularon una serie de exigencias, entre ellas la investigación de los responsables, el esclarecimiento del rol de terceros, el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema y la adopción de medidas de protección por parte de organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
